Santurbán vuelve al centro del debate nacional. El Ministerio de Ambiente acaba de adoptar una metodología de delimitación progresiva para los páramos y publicó una propuesta para avanzar en la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, después de años de controversia y de un proceso participativo ordenado por la Corte Constitucional.
La discusión, sin embargo, corre el riesgo de volver a plantearse en términos demasiado simples: protección del agua contra actividad minera. El problema es que Santurbán no cabe en esa dicotomía.
Los páramos son ecosistemas estratégicos para Colombia. Regulan el ciclo hídrico, almacenan carbono y albergan una biodiversidad de enorme importancia. Colombia concentra cerca de la mitad de los páramos del planeta, por lo que su protección constituye una responsabilidad ambiental que trasciende las regiones donde están ubicados.
Pero Santurbán también es un territorio habitado. En municipios como Vetas y California, la minería aurífera forma parte de una tradición económica y social de siglos. Pretender resolver el debate ignorando esa realidad sería tan insuficiente como desconocer la importancia ambiental del páramo.
Ahí está la verdadera dificultad.
La Sentencia T-361 de 2017 no ordenó simplemente dibujar una nueva frontera sobre un mapa. Ordenó construir una delimitación mediante un procedimiento amplio, participativo, eficaz y deliberativo.
La metodología adoptada recientemente por el Ministerio parte precisamente de una dificultad práctica: los municipios no han avanzado al mismo ritmo en las diferentes etapas de participación. Por ello, permite avanzar en aquellos territorios donde ya se han surtido los procesos requeridos, mientras continúan las etapas pendientes en otras zonas, sin disminuir los estándares de protección.
Esto plantea una discusión que merece mayor profundidad.
También es necesario diferenciar entre minería legal, minería tradicional, procesos de formalización y minería ilegal. Son realidades diferentes y no deberían ser tratadas como si fueran equivalentes. La discusión pública gana poco cuando todas se agrupan bajo una misma categoría.
La delimitación tampoco es exclusivamente cartográfica. Requiere considerar información científica sobre hidrología, biodiversidad, geomorfología y conectividad ecológica, además de las condiciones sociales y económicas del territorio.
Por eso, quizás la pregunta correcta no sea si Colombia debe escoger entre agua y minería.
La pregunta es cómo puede proteger un ecosistema estratégico sin abandonar a las comunidades que históricamente han construido su vida alrededor de ese territorio.
La respuesta no será sencilla. Requerirá ciencia, participación, instituciones fuertes, alternativas económicas, seguridad jurídica y capacidad para construir confianza.
Santurbán puede convertirse nuevamente en un escenario de polarización. Pero también puede ser una oportunidad para demostrar que las decisiones ambientales complejas pueden construirse desde la evidencia y el diálogo.
Ese es, finalmente, el verdadero debate: no escoger entre ambiente y desarrollo, sino encontrar las condiciones para que la protección de la naturaleza y el bienestar de las comunidades formen parte de una misma política de desarrollo sostenible.
Y esa discusión no le pertenece únicamente a Santander. Es una discusión sobre el país que Colombia quiere construir.
Por: PhD. Angie Tatiana Ortega Ramírez
Doctora en Desarrollo Sostenible y docente de Ingeniería Ambiental