La inversión superior a $80.000 millones no superó las mediciones técnicas y el proceso ahora enfrenta posibles sanciones, mientras aumentan los ataques con drones explosivos en Norte de Santander.
UNA COMPRA URGENTE QUE TERMINÓ EN INCERTIDUMBRE
General Luis Cardozo, comandante del Ejército Nacional.
La creciente utilización de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales obligó al sector Defensa a acelerar la adquisición de tecnología para contrarrestar esta amenaza. En lo corrido del año se han registrado 172 ataques con estos dispositivos, hechos que dejan un saldo de seis militares y cinco civiles muertos, además de 141 personas heridas. Con ese panorama, el Ejército impulsó en 2025 un contrato superior a los $80.000 millones para adquirir 19 sistemas antidrones destinados al Catatumbo, en Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por la violencia. De acuerdo con fuentes militares, el proyecto contemplaba la instalación de tres equipos fijos y 16 semifijos que debían entrar en funcionamiento antes de finalizar ese año. Sin embargo, casi doce meses después, los dispositivos continúan fuera de servicio, situación que ha generado preocupación dentro de la Fuerza Pública debido a la persistencia de los ataques y a la ausencia de una herramienta tecnológica para enfrentar este tipo de amenazas.
SIN CAPACIDAD TECNOLÓGICA PROTEGER A TROPAS Y POBLACIÓN
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
El cronograma inicial establecía que los sistemas comenzarían a operar en diciembre de 2025. No obstante, el contratista solicitó una prórroga que extendió la entrega hasta febrero de 2026. Según fuentes del sector Defensa, durante las pruebas técnicas los equipos no lograron detectar de manera efectiva los drones utilizados como objetivo, por lo que fueron rechazados y devueltos. Como consecuencia, el contrato ingresó a la etapa de debido proceso, mecanismo mediante el cual se evalúan los posibles incumplimientos, se intentan conciliaciones y, de no alcanzarse acuerdos, podrían hacerse efectivas las pólizas e imponerse sanciones. La preocupación también radica en el futuro de los recursos comprometidos, ya que, si el contrato se liquida sin una solución, cerca de $80.000 millones podrían regresar al Tesoro Nacional y quedar sujetos a una nueva destinación presupuestal. Mientras tanto, el Ejército continúa sin la capacidad tecnológica prevista para proteger a sus tropas y a la población civil.
LA RUTA DE LA COMPRA
General (r) Erick Rodríguez, excomandante de las fuerzas militares.
Sobre el caso, el general (r) Erick Rodríguez, quien se desempeñaba como segundo comandante del Ejército durante la adjudicación de los recursos, aseguró que el Ministerio de Defensa ordenó que las compras de sistemas antidrones fueran realizadas por Codaltec. De acuerdo con fuentes militares, esa empresa tercerizó la adquisición mediante un comercializador colombiano que ofreció tecnología australiana, la cual no cumplió con las exigencias operacionales. Mientras se define el futuro del contrato, el Catatumbo continúa expuesto a ataques con drones, como el ocurrido recientemente en Tibú, donde un explosivo impactó el aeropuerto y dejó tres civiles heridos.