Después de más de dos años de un proceso jurídico, el municipio de El Tambo logró una decisión favorable en el caso del fraude electrónico que afectó sus cuentas oficiales en abril de 2024. La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó al Banco Agrario devolver $1.310.904.772, al concluir que la entidad incumplió los protocolos de seguridad necesarios para evitar la pérdida de los recursos públicos.
Determinación
La determinación señala que los mecanismos de monitoreo del banco detectaron desde las primeras operaciones movimientos que no correspondían al comportamiento habitual de las cuentas del municipio. Sin embargo, pese a las múltiples alertas generadas por el propio sistema, las transacciones continuaron sin que se activaran medidas efectivas para impedir el retiro del dinero.
Para la autoridad financiera, la responsabilidad recae en la entidad bancaria, que no verificó la autenticidad de las operaciones ni adoptó acciones oportunas para proteger los fondos administrados por el municipio.
El fallo también despeja las dudas que durante este tiempo rodearon la actuación del alcalde Héctor Fajardo y de la tesorera Yazmin Zamora. Ambos funcionarios fueron objeto de cuestionamientos y acusaciones por parte de algunos integrantes de la comunidad, quienes atribuían a una supuesta negligencia la pérdida de los recursos.
Transparencia
Con la decisión de la Superintendencia, esas versiones quedaron sin sustento jurídico, al establecerse que la administración municipal no tuvo responsabilidad en los hechos que originaron el fraude.
«Esta decisión confirma que siempre actuamos con transparencia y dentro de la ley. Más que una satisfacción personal, representa un acto de justicia para el municipio y para quienes confiaron en nuestro trabajo», manifestó el alcalde Héctor Fajardo luego de conocerse el fallo.
Durante el litigio, el Banco Agrario sostuvo que la responsabilidad debía recaer sobre la administración municipal. No obstante, los argumentos presentados por la defensa del municipio fueron acogidos por la autoridad financiera.
Recuperación
El abogado Daniel Enríquez Mora, quien representó judicialmente a El Tambo, destacó que la decisión fortalece la protección de los recursos públicos y recuerda a las entidades financieras su deber de responder cuando fallan sus sistemas de control.
La recuperación de estos recursos permitirá al municipio disponer nuevamente de un importante capital para atender proyectos e inversiones dirigidas a la comunidad.
Más allá del reintegro económico, el fallo representa el cierre de un episodio que afectó la imagen de varios funcionarios y que generó incertidumbre entre la población. Con esta decisión, la justicia reconoce que la pérdida de los dineros públicos obedeció a fallas en los mecanismos de seguridad de la entidad financiera y no a actuaciones indebidas de la administración municipal.