Decisión de la SIC favorece a Emcali
Una nueva controversia se desató en Cali tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 38235. La medida impone acciones cautelares a favor de Emcali y ordena a operadores privados de aseo entregar el catastro de usuarios en un plazo máximo de tres días.
El concejal Mauricio Zamora calificó la decisión como una victoria contundente para la ciudad. Además, afirmó que la determinación representa un avance en la defensa del patrimonio público y en el fortalecimiento de la empresa municipal.
Orden a operadores privados de aseo
Asimismo, la Superintendencia habría advertido posibles conductas de coordinación entre empresas operadoras privadas. Según lo establecido, estas acciones tendrían como objetivo mantener el control del mercado de aseo en la capital vallecaucana, lo que generó nuevas alertas regulatorias.
Por otra parte, la entidad ordenó a dichas compañías abstenerse de actuar de manera conjunta a través de la unión temporal mientras avanzan las investigaciones administrativas. En consecuencia, el proceso busca garantizar condiciones de competencia y transparencia en el sector.
Transparencia y control de información
De igual manera, la resolución exige la entrega de información comercial, técnica y operativa relacionada con la prestación del servicio. Esta medida busca reforzar la supervisión institucional y garantizar mayor claridad en el manejo de datos estratégicos.
Además, según el concejal Zamora, este acceso a la información permitirá fortalecer la capacidad operativa de Emcali. En este sentido, también se pretende evitar que datos clave permanezcan exclusivamente en manos de operadores privados.
Debate por modelo de aseo en Cali
Por otra parte, el cabildante cuestionó intentos de extender los contratos de los operadores privados y defendió una mayor participación de la empresa pública en el sistema de aseo. También aseguró que se buscaba impedir que usuarios de Emcali pasaran a manos de compañías particulares.
Finalmente, la controversia sobre el modelo de aseo en Cali continúa generando tensiones políticas, económicas y jurídicas. En consecuencia, la decisión de la Superintendencia abre un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión del servicio público en la ciudad.