La administración del presidente Donald Trump ha colocado a América Latina en el centro de su nueva estrategia de seguridad nacional y política exterior, con un enfoque que combina combate a la migración irregular, lucha contra el crimen organizado y control sobre la influencia de potencias extra hemisféricas como China, Rusia e Irán.
El documento, publicado el 5 de diciembre de 2025, marca un giro respecto a décadas de atención intermitente de Washington hacia la región, que quedó relegada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior concentración estadounidense en Medio Oriente. Expertos como Guillermo García, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), señalan que Trump es “el primer presidente en retomar una mirada estratégica hacia el sur del Río Bravo con un enfoque explícito y sostenido”.
La estrategia, apodada en algunos medios como la “Doctrina Donroe”, propone una combinación de presión y recompensas hacia gobiernos aliados, y da prioridad a la seguridad fronteriza como eje de la seguridad nacional estadounidense. Según el texto, el objetivo es frenar la migración masiva y las amenazas transfronterizas, incluyendo terrorismo, narcotráfico, espionaje y trata de personas.
Para Michael Shifter, de la Universidad de Georgetown, la nueva política implica un incremento de la militarización en la región y posible intervención en procesos electorales o judiciales, como ya se ha observado en Brasil, Argentina y Honduras. La estrategia deja de lado la promoción de la democracia y los derechos humanos, y prioriza intereses directos de Estados Unidos, advierte Maureen Meyer, de WOLA.
La reacción de los países latinoamericanos probablemente será diversa. Algunos gobiernos, como Argentina bajo Javier Milei, observan la diplomacia con Trump para evaluar posibles beneficios económicos y previsibilidad política. Brasil, en cambio, busca reforzar su protagonismo en los BRICS como contrapeso a la presión estadounidense. México mantiene una posición pragmática debido a sus estrechos lazos con EE. UU.
Según la estrategia, se consideran aliados aquellos gobiernos que colaboren en “controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad”, incluyendo a Argentina, El Salvador, Paraguay, Perú, Ecuador y República Dominicana. Por el contrario, Cuba, Nicaragua y Venezuela son catalogados como enemigos, y el futuro Gobierno de Honduras podría entrar en esa categoría si no resulta victorioso Nasry Asfura, candidato respaldado por Trump.
En este nuevo escenario, la influencia de Washington sobre la región vuelve a ser directa y sostenida, aunque marcada por incentivos y amenazas, con potencial de reconfigurar los alineamientos políticos y económicos en América Latina durante los próximos años.