La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, ha iniciado una indagación previa contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esto se debe a un incidente reportado el 23 de julio de 2024, donde se descubrió que camionetas oficiales de la UNP, destinadas a garantizar la seguridad de funcionarios y personas bajo protección estatal, fueron utilizadas para transportar a varios líderes disidentes de las Farc.
Dichos eventos ocurrieron en un retén militar ubicado en la vía que conduce de Medellín a Anorí, en la región de Puente Gabino, en el departamento de Antioquia, donde fueron detenidos los vehículos.
La polémica se intensificó cuando se reveló que algunos de los pasajeros en los vehículos, incluidos Alexander Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, y Andrey Avendaño, comandante del bloque Magdalena Medio, tienen órdenes de captura vigentes.
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Otros pasajeros incluían a Érika Castro y Eriinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, cabecilla de la estructura 18, y Edgar de Jesús Orrego Arango, conocido como Firu, cabecilla de la estructura 36. La situación ha generado críticas sobre el uso de recursos del Estado para actividades que podrían estar facilitando acciones de grupos con antecedentes criminales.
La investigación buscará determinar la responsabilidad de los funcionarios de la UNP involucrados y esclarecer las circunstancias que permitieron que estos vehículos fueran utilizados para transportar a personas con órdenes de captura vigentes.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha expresado su preocupación y ha afirmado que se iniciará una investigación interna para identificar cómo ocurrió este incidente. “En los vehículos de los esquemas es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes, ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”, enfatizó Rodríguez en una declaración pública.
El protocolo vigente permite que los miembros de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC, involucrados en las negociaciones de paz, puedan utilizar vehículos de la UNP bajo ciertas condiciones específicas.
Estos vehículos están destinados a asegurar su protección en el contexto de los diálogos de paz. No obstante, la normativa establece claramente que estos privilegios no se extienden a personas con órdenes de captura activas, lo que pone en cuestión la legalidad de su transporte en este caso.
La situación ha generado una reacción del Gobierno colombiano, que ha destacado la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión para evitar que recursos del Estado sean utilizados para facilitar actividades delictivas.
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Además, se ha solicitado la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) para aclarar las circunstancias que permitieron este incidente y determinar si hubo negligencia o complicidad por parte de funcionarios públicos.
En respuesta, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales ha ordenado la práctica de diversas pruebas, incluyendo la obtención de información a través de medios de comunicación y redes sociales, así como inspecciones disciplinarias en las instalaciones de la UNP y otros organismos relacionados. Estas acciones buscan identificar a los presuntos responsables y establecer si hubo violaciones a las normativas de seguridad y protección.
Camilo González, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo, confirmó que la caravana detenida estaba participando en una reunión de comandantes autorizada por el Gobierno. Sin embargo, destacó que no había presencia de un funcionario de la OACP durante el traslado, lo que contraviene los procedimientos establecidos para tales situaciones. Esta ausencia plantea interrogantes sobre la coordinación y supervisión de las actividades relacionadas con el proceso de paz.