La aprobación de $22.228 millones por parte de la Asamblea Departamental de Nariño representa, para la Veeduría Ciudadana por el Derecho al Agua de Ipiales, un avance concreto frente a la crisis que durante meses ha afectado la prestación del servicio de acueducto en el municipio.
Ricardo Ojeda, integrante de la Veeduría Ciudadana por el Derecho al Agua, valoró la decisión de la corporación departamental y señaló que la destinación de estos recursos responde a una de las principales exigencias planteadas por la ciudadanía: avanzar hacia una solución de fondo y no limitar las actuaciones a medidas temporales frente a las dificultades del sistema.
La Asamblea Departamental aprobó por unanimidad la autorización de vigencias futuras para financiar los estudios, diseños y construcción de una nueva infraestructura de captación, desarenador y línea de conducción. El proyecto contempla $3.500 millones correspondientes a 2026 y $18.728 millones proyectados para 2027, para un total de $22.228 millones.
Una alternativa frente a las dificultades de la fuente actual
De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Nariño, la nueva infraestructura estaría ubicada aproximadamente 5,5 kilómetros aguas arriba de la actual captación, antes de la descarga del río Chiquito sobre el río Blanco.
La propuesta busca captar el recurso en un punto con mejores condiciones y disminuir la exposición del sistema a las afectaciones que actualmente se presentan en la fuente de abastecimiento. La infraestructura tendría una capacidad estimada de 350 litros por segundo, lo que permitiría fortalecer la disponibilidad del recurso para el casco urbano de Ipiales.
El proyecto adquiere especial relevancia debido a las condiciones de riesgo identificadas en el sistema actual. Una inspección realizada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño el pasado 6 de agosto registró un IRABApp de 50 puntos, correspondiente a un nivel de riesgo sanitario alto. Además, parte de la infraestructura existente tiene varias décadas de funcionamiento, con estructuras construidas en 1942 y 1976.
Para la veeduría, estos antecedentes demuestran que la problemática del agua en Ipiales no puede ser abordada únicamente mediante intervenciones de emergencia, sino que requiere inversiones sostenidas, planificación técnica y control permanente sobre cada una de las etapas del proyecto.
“Es un avance, pero ahora viene la etapa más importante”
Ricardo Ojeda destacó que la aprobación presupuestal constituye un paso importante, pero advirtió que el proceso no termina con la decisión de la Asamblea.
La ciudadanía, según plantea la veeduría, deberá permanecer atenta a la contratación, los estudios y diseños, los costos definitivos, los cronogramas de ejecución y la calidad de las obras que finalmente se construyan.
El llamado también apunta a que los recursos públicos sean utilizados con transparencia y que las decisiones técnicas tengan en cuenta las condiciones ambientales y territoriales de la zona donde se desarrollará la nueva infraestructura.
En este sentido, la veeduría considera fundamental que las comunidades permanezcan vinculadas al proceso y que exista información pública sobre los avances del proyecto.
El reto: pasar del anuncio a las obras
La inversión contempla aproximadamente $417 millones para estudios y diseños y $21.811 millones para la ejecución de la obra. Según el cronograma planteado por la Gobernación, los estudios y diseños tendrían una duración estimada de tres meses, mientras que la ejecución de las obras se proyecta en ocho meses, sin contar los tiempos correspondientes a contratación y demás trámites administrativos.
Por ello, desde la perspectiva ciudadana, uno de los principales retos será evitar que la aprobación de los recursos se quede únicamente en una decisión presupuestal y garantizar que el proyecto avance efectivamente hacia su fase contractual y posteriormente hacia la construcción.
La propia Asamblea Departamental ha señalado que realizará seguimiento mediante una comisión accidental a las gestiones relacionadas con la solución de la problemática del agua en Ipiales.
A esta vigilancia institucional se suma el seguimiento ciudadano que anuncia la veeduría, especialmente frente a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades responsables.
Una solución que debe ir más allá de una sola obra
El debate sobre el agua en Ipiales tampoco se limita a la nueva captación. Paralelamente, avanza la formulación del Plan Maestro de Acueducto, instrumento que permitirá realizar un diagnóstico integral del sistema y definir las obras necesarias para mejorar la calidad, continuidad y cobertura del servicio.
El estudio contempla, entre otros aspectos, el diagnóstico de las fuentes, captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución, además del levantamiento de información sobre aproximadamente 268 kilómetros de redes.
De esta manera, la nueva infraestructura de captación constituye una de las piezas de una estrategia de mayor alcance que deberá contemplar también el estado de las redes, la capacidad de tratamiento, el almacenamiento, la distribución y la sostenibilidad de las fuentes hídricas.
Para la Veeduría Ciudadana por el Derecho al Agua, el objetivo final debe ser que los habitantes de Ipiales puedan contar con un servicio estable, seguro y sostenible, y que las decisiones adoptadas en medio de la actual crisis se conviertan en soluciones de largo plazo.
La aprobación de los recursos abre ahora una nueva etapa. El desafío será convertir los $22.228 millones aprobados en infraestructura efectiva, con transparencia, vigilancia ciudadana y resultados verificables para la comunidad de Ipiales.