Iglesia en la ciudad de Tunja/ Foto: Sebastian Sarabanda
Una nueva controversia rodea el contrato de concesión de los servicios de acueducto y alcantarillado en Tunja. La Contraloría General de la República respondió oficialmente a un derecho de petición y denuncia presentada por el abogado Marco Antonio Palma Luna, en la que se cuestiona la legalidad del Otrosí No. 01 firmado en 2019 entre el Municipio de Tunja y Veolia.
El documento conocido señala que existen elementos suficientes para analizar una posible intervención fiscal excepcional frente al Contrato de Concesión No. 0132 de 1996, especialmente por las modificaciones realizadas hace seis años, las cuales habrían prorrogado la concesión hasta el año 2041. Según la denuncia, el otrosí no habría sido una modificación menor o accesoria, sino un cambio estructural que alteró las condiciones económicas, financieras y comerciales del contrato original, generando presuntamente un desequilibrio económico favorable para el concesionario y desfavorable para el municipio.
Entre los principales cuestionamientos expuestos se menciona la posible falta de autorización previa del Concejo Municipal de Tunja para suscribir la modificación contractual, situación que podría contradecir lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política y en la Ley 136 de 1994. Además, se advierte sobre la ausencia de estudios técnicos, financieros y ambientales independientes que respaldaran la ampliación contractual.
La Contraloría también confirmó que existen varias denuncias y radicados relacionados con este caso durante 2025, y recordó que la Contraloría Municipal de Tunja ya había identificado hallazgos asociados a la modificación del contrato.
Dentro de las solicitudes elevadas por el peticionario se encuentran la apertura de una indagación preliminar, la realización de pruebas técnicas especializadas, la cuantificación de posibles daños patrimoniales y la identificación de eventuales responsables fiscales. No obstante, el organismo nacional aclaró que el despacho que respondió inicialmente no tiene competencia directa para ordenar la intervención funcional excepcional.
Por esta razón, el caso fue remitido a la Oficina Jurídica de la Contraloría General, entidad encargada de verificar si la solicitud cumple los requisitos legales y si procede una actuación especial sobre el contrato. El caso vuelve a abrir el debate sobre la transparencia en la contratación pública y el manejo de los servicios públicos en Tunja, especialmente frente a decisiones contractuales de largo plazo que comprometen recursos públicos y el futuro financiero del municipio.