La Misión de Observación Electoral MOE, en cabeza de su directora Alejandra Barrios, presentó ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales su sexto informe sobre el panorama previo a las elecciones de 2026.
En el documento, la organización advirtió tres alertas principales: la falta de definición sobre la personería jurídica del Pacto Histórico y las consultas del 26 de octubre; los riesgos de violencia política que persisten en el país; y las debilidades en la transparencia de la financiación electoral.
La MOE instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a pronunciarse con prontitud sobre los procesos sancionatorios que involucran a los partidos que buscan fusionarse bajo la figura del Pacto Histórico y a aclarar el alcance jurídico de las consultas. “Resolver con urgencia las incertidumbres respecto de la participación del Pacto Histórico y los alcances de la consulta es un requisito esencial para la certeza democrática, tanto para los ciudadanos, como de los actores políticos que participarán en las elecciones”, declaró Frey Muñoz, subdirector de la organización.
En materia de seguridad, la organización registró, entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025, 222 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. De esos casos, 136 estuvieron dirigidos a liderazgos políticos, lo que representa el 61% del total de agresiones. Además, se documentaron seis secuestros de líderes políticos, una situación que la MOE calificó como preocupante.
Varias deficiencias
El informe también advirtió sobre deficiencias en la rendición de cuentas y en la transparencia de la financiación de campañas. Según el documento, hasta el 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras —herramienta destinada al registro de ingresos y gastos de los comités promotores— no estaba habilitado, lo que impide verificar la trazabilidad de los recursos empleados en la recolección de firmas.
La MOE además detectó actos extemporáneos de proselitismo y difusión de propaganda electoral en redes sociales por parte de aspirantes a la Presidencia. Con base en la Biblioteca de Anuncios de Meta, se identificaron 42 cuentas activas de precandidatos presidenciales que acumularon $799.040.985 COP en publicidad digital entre marzo y octubre de 2025, sin que existan reportes ante la autoridad electoral sobre el origen de los recursos.