Pasado el enorme impacto noticioso que provocó en todo el país el terremoto de 7,4 grados que dejó muerte, dolor y una estela de destrucción en varias ciudades y regiones de Colombia, la atención de la opinión pública comienza nuevamente a concentrarse en otros asuntos que siguen pendientes y que no pueden quedar sepultados bajo los escombros de la tragedia.
En Nariño, uno de esos temas es, sin duda, el escándalo de corrupción que sacude a la Caja de Compensación Familiar del departamento, un caso que genera indignación y preocupación entre miles de trabajadores, empresarios y afiliados que esperan conocer toda la verdad sobre lo ocurrido con recursos que pertenecen precisamente a ellos.
La ciudadanía quiere saber qué ha pasado con las investigaciones y, especialmente, hasta dónde ha llegado la Fiscalía General de la Nación en la búsqueda de más responsables de un presunto entramado de corrupción cuyo monto, según las informaciones conocidas, se acercaría a los diez mil millones de pesos.
Por este caso permanecen privadas de la libertad cuatro personas: la subdirectora Olga Alicia Vázquez, Diana Marcela Salazar Quetal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Isandará. Todos deberán responder ante las autoridades dentro del debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia, pero por lo pronto, su situación judicial demuestra la gravedad que las autoridades le han atribuido a las investigaciones.
Lo que ahora reclama la sociedad nariñense es información clara, oportuna y suficiente. No se trata de alimentar rumores ni de adelantar condenas, sino de conocer cuáles son los avances de una investigación que ha despertado enorme interés en el departamento.
La Fiscalía tiene la responsabilidad de explicar, dentro de los límites que imponga la reserva judicial, qué se ha establecido hasta ahora, cuál habría sido el mecanismo utilizado para el presunto apoderamiento de los recursos, quiénes más podrían estar involucrados y, sobre todo, qué destino tuvieron los dineros que deberían haber sido utilizados en beneficio de los trabajadores y sus familias.
Este último aspecto resulta especialmente preocupante. Los recursos de las cajas de compensación familiar no son patrimonio particular de sus administradores ni de quienes ocupan cargos directivos. Son recursos destinados al bienestar social de los trabajadores y sus familias. Por eso, cualquier irregularidad que implique su apropiación o utilización indebida constituye un golpe de enorme gravedad contra la confianza de la ciudadanía y contra el propósito mismo de estas instituciones.
El terremoto del pasado 10 de agosto concentró, comprensiblemente, la atención nacional. Las imágenes de la destrucción, las labores de rescate y el drama de las familias afectadas ocuparon las primeras páginas y los espacios informativos. Sin embargo, una vez superada la emergencia inmediata, los demás problemas de Colombia y de Nariño no pueden quedar relegados al olvido.
El escándalo de Comfamiliar Nariño exige resultados. La sociedad necesita saber si las investigaciones avanzan, si se están recuperando los recursos presuntamente desviados y si existen nuevas líneas de investigación que puedan conducir a otras personas eventualmente comprometidas.
Pero, sobre todo, Nariño necesita que este caso no termine convertido en otro expediente que con el paso de los meses se pierda entre trámites, documentos y decisiones judiciales.
La Fiscalía debe hablar cuando legalmente pueda hacerlo. Y cuando lo haga, debe entregar respuestas contundentes. Los trabajadores y empresarios del departamento tienen derecho a conocer la verdad.
Porque mientras Colombia comienza a levantarse de entre los escombros dejados por el terremoto, Nariño también necesita levantar la verdad sobre este escándalo y demostrar que los recursos destinados al bienestar de su gente deben ser protegidos con absoluta transparencia.