La muerte de José Manuel Sierra Sabogal, conocido como alias “Zarco Aldinever”, ha vuelto a poner en el centro del debate público el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó recientemente que este cabecilla de la disidencia guerrillera Segunda Marquetalia habría sido asesinado, según información proveniente de fuentes que calificó como confiables.
Alias “Zarco Aldinever” era considerado por las autoridades como uno de los principales responsables intelectuales del crimen, lo que convierte su presunta muerte en un hecho clave dentro del proceso de esclarecimiento judicial.
⚖️ ¿Quién era ‘Zarco Aldinever’?
Sierra Sabogal fue un exintegrante de las antiguas FARC que, tras el Acuerdo de Paz de 2016, se unió a las disidencias lideradas por Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia.
Dentro de esta estructura, ocupaba un rol de liderazgo militar y coordinación territorial, participando en la expansión del grupo armado ilegal en varias regiones del país.
Las autoridades lo señalaban como un actor clave en operaciones criminales de alto impacto, incluyendo el atentado que terminó con la vida de Miguel Uribe.
🔍 Señalamientos por el asesinato de Miguel Uribe
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía y reportes de inteligencia, alias “Zarco Aldinever” habría dado la orden de planear y ejecutar el magnicidio desde una zona cercana a la frontera con Venezuela.
El asesinato de Uribe Turbay generó una fuerte conmoción nacional, no solo por tratarse de una figura política relevante, sino por las implicaciones que tuvo en el debate sobre seguridad, procesos de paz y presencia de grupos armados ilegales en el país.
Desde entonces, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para prevenir este tipo de hechos y esclarecer rápidamente sus responsables.
⚔️ Las circunstancias de su muerte
Según Otty Patiño, alias “Zarco Aldinever” habría sido asesinado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente por un frente asociado al alias “Pablito Arauca”.
El funcionario aseguró que el cuerpo no fue recuperado, ya que habría sido arrojado al río Arauca en los Llanos Orientales.
Aunque esta versión ha sido reiterada en distintos medios, también se han mencionado versiones contradictorias y la ausencia de pruebas físicas —como el cuerpo— ha generado dudas en algunos sectores.
🧩 Implicaciones para la investigación
La presunta muerte del principal señalado como autor intelectual del crimen plantea nuevos retos para la justicia colombiana.
Por un lado, podría significar el cierre de una línea clave de investigación, dificultando la identificación de otros responsables o determinadores del atentado. Por otro, refuerza la hipótesis de disputas internas entre grupos armados ilegales, en este caso entre disidencias de las FARC y el ELN.
Además, el hecho ocurre en medio de un contexto político complejo, marcado por el cierre del gobierno de Gustavo Petro y la transición hacia una nueva administración, lo que añade incertidumbre sobre la continuidad de las investigaciones.
🧠 Lectura política y de seguridad
Expertos han señalado que este caso evidencia la fragilidad de los procesos de paz cuando algunos excombatientes retoman las armas y consolidan nuevas estructuras criminales.
La Segunda Marquetalia, de la que hacía parte “Zarco Aldinever”, es precisamente uno de los grupos surgidos tras la fragmentación de las FARC, lo que ha complicado el panorama de seguridad en varias regiones del país.
En este sentido, la muerte del cabecilla no necesariamente implica una reducción del riesgo, sino que puede dar paso a nuevas disputas por el control territorial.
📊 Conclusión
La confirmación de la muerte de alias “Zarco Aldinever” representa un giro importante en uno de los casos más sensibles de la política reciente en Colombia.
Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, abre nuevas preguntas sobre la verdad completa detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay, la responsabilidad de otros actores y la capacidad institucional para enfrentar la violencia política en el país.