La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa un contrato de $10 mil millones de pesos gestionado por Pablo Francisco Pardo Velasco, exdirector del Fondo de Programas para la Paz de la Presidencia de la República, y ha abierto una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades. La situación plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y el cumplimiento de principios de eficiencia y planeación.
¿Quién es Pablo Pardo?
Pablo Francisco Pardo Velasco es hijo de María Antonia Velasco, actual embajadora de Colombia en Ecuador, una figura conocida en la diplomacia y la política nacional. Aunque Pardo Velasco no tiene un perfil altamente mediático, su posición como director del Fondo de Programas para la Paz le otorgó un papel clave en la administración de recursos destinados a iniciativas para el fortalecimiento de la paz en las regiones, uno de los pilares del gobierno.
Sin embargo, su nombre ha quedado en entredicho tras la denuncia sobre un contrato firmado el 8 de noviembre de 2023 con la firma Pubblica, cuyo plazo de ejecución culminó el 31 de diciembre del mismo año, dejando un margen de solo 53 días para gastar la totalidad del presupuesto.
Un contrato bajo sospecha
El objeto del contrato era “la organización, administración y realización de eventos y/o actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos de paz en las regiones”. Sin embargo, lo que llamó la atención de la Procuraduría fue la velocidad con la que se ejecutaron los recursos: aproximadamente $189 millones de pesos por día, una cifra exorbitante que ha generado cuestionamientos sobre la planeación y supervisión de las actividades realizadas.
Además, el contrato fue objeto de una adición presupuestal que superó en más del 50 % su valor inicial, lo que contraviene los límites permitidos por la normativa vigente en materia de contratación pública. Según expertos, este tipo de ampliaciones deben estar sustentadas en justificaciones técnicas, jurídicas y financieras claras, algo que, de momento, no ha sido evidenciado.
¿Corrupción o negligencia?
La investigación de la Procuraduría se centra en determinar si hubo irregularidades en la planeación, estructuración y ejecución del contrato, incluyendo:
- Falta de planeación: ¿Por qué se pactó un plazo tan corto para la ejecución de recursos tan significativos?
- Uso de los recursos: ¿Se justificó plenamente el gasto diario y los resultados obtenidos?
- Ampliación del contrato: ¿Existieron fundamentos legales y técnicos para la adición de más del 50 % de los recursos?
Vínculos políticos y cuestionamientos éticos
El vínculo de Pardo Velasco con una alta funcionaria del gobierno como su madre, María Antonia Velasco, plantea interrogantes sobre posibles influencias políticas en la asignación de su cargo y en la gestión del contrato. Aunque no hay evidencia de que su relación haya influido directamente en las irregularidades denunciadas, el caso subraya la importancia de garantizar la transparencia en las instituciones públicas.
Un caso emblemático para la lucha anticorrupción
El caso de Pablo Pardo no es solo una investigación aislada, sino un ejemplo de cómo el manejo inadecuado de recursos públicos puede socavar iniciativas de alto impacto como las destinadas a promover la paz. El país espera que las autoridades lleguen al fondo de esta situación, establezcan responsabilidades y tomen medidas para evitar que casos similares se repitan.
Por ahora, la Procuraduría sigue recolectando pruebas y documentos que permitan esclarecer los hechos y determinar si se vulneraron los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos del Fondo de Programas para la Paz.