Mientras avanza lentamente la construcción del nuevo puente entre los municipios de Elías y Quituro, en el sur del Huila, los camioneros de carga pesada continúan arriesgando sus vidas cruzando un paso improvisado, hecho con tablas y estructuras artesanales. Las imágenes captadas recientemente muestran la gravedad de la situación: pesadas tractomulas tambaleándose sobre una vía rudimentaria, sin garantías de seguridad ni señalización adecuada.
Una espera que desespera
La comunidad de Elías y los transportadores denuncian que llevan más de un año esperando la culminación del nuevo puente, cuya construcción es responsabilidad de un contratista asignado por la Gobernación del Huila. Aunque las obras presentan un avance del 98%, aún no se ha habilitado el paso oficial, lo que ha generado un ambiente de tensión entre los habitantes, el gremio transportador y las autoridades municipales.
La secretaria de Gobierno de Elías, Magda Jessenia Castro Carvajal, ha sido una de las funcionarias más activas en la exigencia del cumplimiento del contrato y la entrega definitiva del puente. En declaraciones recientes, expresó su preocupación por la seguridad de los conductores, el riesgo inminente de desabastecimiento en la región, y la necesidad urgente de soluciones estructurales que no sigan poniendo en peligro la vida de los huilenses.
Una vía de alto riesgo
Las vías alternas disponibles no están en condiciones para soportar el tránsito de vehículos pesados. De hecho, muchos tramos presentan derrumbes, huecos y zonas sin mantenimiento, lo que obliga a los transportistas a utilizar el paso provisional. “No podemos permitir que se normalice esta situación. Estamos hablando de vidas humanas y del sustento de muchas familias”, aseguró Castro Carvajal.
Desde la Secretaría de Gobierno se han gestionado múltiples comunicaciones con la Gobernación del Huila, el contratista encargado de la obra y la Secretaría de Infraestructura del departamento, insistiendo en la urgencia de terminar los trabajos en los primeros días de abril. Además, se ha solicitado acompañamiento de organismos de control, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ante el riesgo evidente para la integridad de quienes transitan por la zona.
Impacto económico y social
La problemática también ha comenzado a tener consecuencias económicas. Transportadores denuncian demoras en las entregas, aumentos en los costos logísticos, y riesgo de pérdida de productos perecederos. “Cada viaje se convierte en una ruleta rusa”, afirma Orlando Londoño, conductor que frecuentemente cruza por el sector. Agricultores de la zona, por su parte, temen que el difícil acceso limite la comercialización de sus productos, afectando directamente sus ingresos.