Cada 1° de mayo, Colombia se suma a la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores. Más que una efeméride o una simple jornada de marchas y discursos, esta fecha representa un llamado urgente a revisar el presente y proyectar el futuro del trabajo en nuestro país. En medio de reformas sociales, desafíos económicos y nuevas dinámicas laborales, la reflexión sobre los derechos laborales cobra mayor relevancia que nunca.

Si bien el marco legal colombiano —conformado por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo, leyes, decretos y convenios internacionales— reconoce derechos fundamentales como el acceso a un empleo digno, un salario justo, la seguridad social y la protección de la salud en el trabajo, la realidad dista mucho de ese ideal. Para millones de personas, especialmente en sectores informales, rurales o precarizados, estos derechos aún son promesas incumplidas.

Según el abogado laboralista, docente universitario y asesor sindical Carlos Dussán, en los últimos años se han alcanzado avances significativos, como la promoción de la igualdad de género, la protección del trabajo rural y el reconocimiento de la economía popular. No obstante, advierte que es urgente traducir esos logros en políticas públicas sostenibles que generen empleos formales, reduzcan la informalidad y mejoren efectivamente las condiciones laborales.

Este año, el Día Internacional de las y los Trabajadores se conmemora en medio de un debate nacional crucial: la consulta popular que propone el Gobierno como parte de su agenda social. Este mecanismo de participación ciudadana busca que la población opine y decida sobre temas clave para el país, lo cual representa una oportunidad única para posicionar en el centro del debate público las demandas históricas del movimiento obrero.

La consulta podría ser el espacio ideal para transformar en realidad luchas de años: garantizar la estabilidad laboral reforzada para personas con enfermedades, mujeres embarazadas o trabajadoras y trabajadores próximos a pensionarse; cumplir con la reducción de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021; erradicar los abusos de la tercerización laboral; y, además, fortalecer derechos fundamentales como la negociación colectiva y la libertad sindical.

Por eso, es fundamental que esta discusión se abra a todos los sectores de la sociedad, y que el trabajo digno y los derechos laborales sean una prioridad en cualquier propuesta que busque mejorar la vida de las y los colombianos.

Entre los temas que deben ocupar un lugar prioritario en el debate público están:

  • La creación de empleo formal y con garantías, especialmente para jóvenes, mujeres y poblaciones históricamente excluidas.
  • La prohibición de la tercerización laboral en funciones permanentes, una práctica que debilita la estabilidad y los derechos de los trabajadores.
  • La garantía de estabilidad reforzada para trabajadores en condición de salud protegida, embarazo o próximos a pensionarse.
  • La implementación efectiva de la reducción de la jornada laboral, conforme a la Ley 2101 de 2021, sin afectar ingresos ni sobrecargar al personal.
  • El fortalecimiento de los mecanismos de inspección laboral, para que el cumplimiento de los derechos deje de ser una excepción y se convierta en regla.

Además, es fundamental incorporar una mirada de futuro. La automatización, la transición energética, la transformación digital y la sostenibilidad ambiental no son tendencias lejanas: son realidades que ya están reconfigurando el mundo del trabajo. Afrontarlas requiere de políticas audaces, con enfoque preventivo y centradas en el bienestar humano.

Los derechos laborales no son concesiones ni favores del Estado o del mercado: son pilares esenciales de una democracia sólida y de una economía justa. Este Primero de Mayo debe ser más que una conmemoración. Debe ser un compromiso colectivo para que el trabajo digno, con derechos y en condiciones de equidad, vuelva a estar en el centro de la agenda nacional.

Porque solo respetando el valor del trabajo humano podremos construir una Colombia verdaderamente justa, incluyente y democrática.