Líderes y comunidades de la cordillera de Nariño han denunciado una grave crisis humanitaria en la zona rural del municipio de Cumbitara, generada por la ofensiva del Ejército Nacional en el marco de la llamada Operación Cordillera. Según habitantes de varios municipios de la región, la operación militar ha causado el desplazamiento forzado de cerca de 800 familias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos debido al uso desproporcionado de artillería pesada en zonas habitadas.
Las comunidades han expresado su preocupación por la violación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, ya que la artillería ha afectado directamente las viviendas y la cotidianidad de las comunidades. En respuesta a esta situación, los habitantes se han declarado en asamblea permanente y han exigido la retirada inmediata de las tropas.
Además, han convocado a un espacio de diálogo urgente con el Gobierno Nacional y entidades garantes de derechos humanos, con un plazo máximo hasta el lunes 2 de junio. Si el Gobierno no atiende la convocatoria al diálogo antes de esa fecha, las comunidades han anunciado que se movilizarán masivamente hacia la carretera Panamericana. La situación en la región es crítica y requiere una atención inmediata para evitar mayores consecuencias humanitarias.