Las autoridades confirmaron la captura del cuarto presunto involucrado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. La Policía Nacional, a través de un minucioso análisis de cámaras de seguridad, logró identificar y ubicar a William Fernando Cruz como pieza clave en la logística del escape de los agresores.
Hechos
Según la investigación, Cruz habría tenido la tarea de esperar a alias ‘Gabriela’ y a alias ‘El Costeño’ en un vehículo estacionado en el sector de Hayuelos, donde los recogió tras perpetrar el atentado. Esta acción fue determinante para facilitar la huida de los implicados, lo que lo vincula directamente con la estructura criminal detrás del ataque.
Este nuevo avance se suma a las capturas anteriores: el presunto sicario, un ciudadano colombo-venezolano señalado de entregar el arma, y una mujer que lo acompañaba al momento del crimen. Con estos cuatro detenidos, las autoridades refuerzan la hipótesis de que no se trata de un hecho aislado, sino de un plan cuidadosamente ejecutado por una organización con estructura y recursos.
Testimonio
El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, reiteró que el atentado tiene características propias de una organización criminal estructurada, con posibles motivaciones políticas. Aseguró que se está frente a un grupo con poderío económico y con antecedentes de ataques contra figuras de derecha en el país. Aunque evitó entregar detalles para no interferir en las investigaciones, señaló que los hallazgos refuerzan la gravedad del caso.
Mientras tanto, el estado de salud del senador continúa siendo delicado. Su esposa, María Claudia Tarazona, aseguró que esta ha sido la “batalla más difícil” que ha enfrentado Miguel Uribe. Desde el 7 de junio permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, tras varias intervenciones quirúrgicas y complicaciones médicas.
El caso sigue siendo prioridad para las autoridades judiciales y de inteligencia, que trabajan en esclarecer todos los eslabones de la cadena criminal. La ciudadanía y líderes políticos han exigido justicia y medidas eficaces para proteger la vida de quienes ejercen la función pública.