Arresto fue revocado

El Consejo de Estado modificó la medida de arresto contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de un incidente de desacato relacionado con el incumplimiento de las órdenes judiciales para proteger la quebrada “Hato de la Virgen”.
Decisión
La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que concluyó que la sanción de 20 días de arresto impuesta en diciembre de 2024 desconocía el principio de legalidad vigente. Según el alto tribunal, el arresto solo es procedente si no se paga una multa previa, por lo que optó por imponer una sanción equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
Gestiones
Durante el análisis del caso, el Consejo de Estado reconoció que la actual administración municipal ha llevado a cabo gestiones orientadas al cumplimiento de la sentencia. Entre las acciones destacadas se encuentran jornadas educativas y de concienciación ambiental en instituciones aledañas, así como la contratación de la Universidad del Tolima para elaborar un Plan de Manejo Urbano, Ambiental y Territorial.
También se tuvo en cuenta la expedición del Decreto 1000-0055 de enero de 2025, con el cual se reconocen los grupos familiares asentados en la zona de protección y se establecen medidas para su reubicación. Un comité interdisciplinario identificó a 330 núcleos familiares, de los cuales 158 fueron verificados como beneficiarios con derecho prioritario.
Pese a ello, el Consejo advirtió que el incumplimiento persiste: las familias aún no han sido efectivamente reubicadas y, por tanto, continúa la vulneración de los derechos colectivos protegidos judicialmente desde el año 2002.
Conclusión
La Sala concluyó que el desacato está demostrado, tanto en su componente objetivo como subjetivo: hay una orden clara que no ha sido cumplida a cabalidad, aunque existen esfuerzos recientes por parte de la Alcaldía. En consecuencia, revocó la orden de arresto y la remisión del caso a la Fiscalía y la Procuraduría, pero confirmó el resto del fallo.
El Consejo de Estado reiteró que el Municipio de Ibagué debe cumplir íntegramente la sentencia ambiental. A la alcaldesa se le exige que las medidas no se queden en decretos ni diagnósticos, sino que se traduzcan en acciones efectivas para proteger la cuenca del Hato de la Virgen.