El 11 de julio de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de 12 uniformados activos adscritos a la estación de Puente Aranda. Por su presunta participación en una red criminal dedicada al hurto de alto impacto. Este hecho ha generado conmoción en la capital y pone en entredicho la integridad de algunos miembros de la fuerza pública.
¿Qué delitos se les imputan?
Los policías capturados enfrentan cargos por cohecho, concierto para delinquir, falsedad ideológica y prevaricato. Según las investigaciones, habrían colaborado con una organización criminal especializada en robos a residencias, personas y vehículos, operando en sectores del suroccidente de Bogotá2.
Entre los detenidos se encuentra un teniente y el comandante del CAI Gorgonzola. Además de agentes vinculados a los CAI Tejar, Santa Matilde y Puente Aranda. Las autoridades indicaron que estos funcionarios habrían facilitado operaciones ilegales y encubierto a los delincuentes2.
El caso que destapó la red
La investigación se originó tras un asalto a una inmobiliaria en noviembre de 2024, en el barrio Ciudad Montes. Durante el hecho, dos patrulleros fueron heridos, y uno de ellos declaró que varios compañeros conocían previamente los detalles del robo. Este testimonio fue clave para iniciar el rastreo de los implicados3.
Un testigo civil relató que la balacera duró entre siete y quince segundos, y que uno de los patrulleros heridos presentaba sangrado facial y lesiones en la pierna, lo que refuerza la hipótesis de fuego cruzado entre los mismos uniformados.
Reacción institucional y proceso judicial
El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y que la institución no tolerará actos que vulneren la transparencia policial2.
Actualmente, los detenidos permanecen en la URI de Puente Aranda, mientras se adelantan las audiencias de legalización de captura y formulación de cargos.
Un llamado a la depuración institucional
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles internos en la Policía Nacional y reafirma el compromiso de las autoridades con la Política Integral de Transparencia Policial. La ciudadanía espera que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.