El caso judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, dio un nuevo giro esta semana luego de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá compulsara copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se investigue a la abogada Mónica Barros Villanueva, quien ha insistido en múltiples solicitudes de beneficios judiciales en nombre de la empresaria.
Barrera Rojas, condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación al transporte público, cumple su pena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La sentencia fue ratificada en enero de este año por la Corte Suprema de Justicia, que consideró que los actos cometidos durante las protestas de 2019 —incluido un video en el que destruyó una estación de TransMilenio— incentivaron conductas vandálicas con una carga simbólica y emocional capaz de generar terror en la ciudadanía.
Desde entonces, trabajadores, familiares y ciudadanos han presentado numerosas solicitudes pidiendo que se le concedan beneficios por ser madre cabeza de hogar o por su labor social al brindar oportunidades laborales en sus peluquerías. Sin embargo, tanto el juzgado como la Corte Suprema han rechazado estas peticiones, advirtiendo que el delito por el que fue condenada tiene un carácter grave y no admite beneficios como detención domiciliaria o libertad condicional.
Una de las recurrentes en esas solicitudes ha sido la abogada Barros Villanueva, quien el pasado 21 de mayo incluso pidió que Epa Colombia fuera trasladada a una guarnición militar, petición que fue desestimada de inmediato por no tener fundamento legal. Además, intentó tramitar una “solicitud de colaboración para organización para realizar labor social” sin aportar documentación ni pruebas que sustentaran dicha petición.
Ante lo que consideró un uso inadecuado y reiterado de los mecanismos judiciales, el despacho decidió compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se investigue el proceder de la profesional del derecho. El oficio fue firmado el 22 de julio y ya fue recibido por la autoridad disciplinaria, que deberá determinar si hay méritos para iniciar una investigación formal.
Mientras tanto, Daneidy Barrera continúa realizando actividades educativas y laborales dentro del centro penitenciario con el fin de reducir su pena a través del sistema de redención de tiempo. No obstante, su situación jurídica se mantiene sin cambios sustanciales y el juzgado ha reiterado que la gravedad del delito impide la aplicación de medidas alternativas a la prisión.