Para el rector de la Universidad Surcolombiana, Rubén Darío Valbuena Villarreal, no hay tiempo que perder. Desde el Auditorio Olga Tony Vidales, donde se llevó a cabo una audiencia pública con presencia de congresistas y funcionarios del Gobierno Nacional, lanzó un mensaje directo: las universidades públicas están en crisis y urge una reforma real a la Ley 30.
“El haber realizado la audiencia aquí en la USCO nos visibiliza, pero más allá de eso, nos da esperanza de que lleguen recursos significativos para cumplir con nuestra misión educativa”, expresó Valbuena. Según explicó, el déficit estructural impide ampliar cobertura, garantizar permanencia estudiantil y mejorar la calidad de los programas.
En el espacio participaron más de treinta ponentes de todo el país, incluidos estudiantes, profesores, egresados, líderes sindicales y autoridades regionales. Todos con una idea común: sin reforma a la fórmula de financiación, las universidades públicas no tienen futuro.
Apoyos municipales
El alcalde de La Plata, Camilo Ospina, fue una de las voces que se sumó al llamado. En su intervención, destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación superior para los jóvenes de las regiones apartadas y cómo la crisis presupuestal ha golpeado más fuerte a las instituciones alejadas de las grandes capitales.
“El futuro de nuestros municipios depende de lo que pase con nuestras universidades. La USCO es vital para el desarrollo regional. Es hora de que desde el centro del país entiendan que sin presupuesto suficiente, estamos condenando a nuestros jóvenes a la informalidad o al desplazamiento forzado por falta de oportunidades”, sostuvo.
Concejales de Neiva, diputados del Huila, egresados, personal administrativo y estudiantes respaldaron esa postura con testimonios, cifras y denuncias sobre las limitaciones con las que conviven a diario en el entorno universitario.
Reforma estructural
Desde el Congreso, el senador Pedro Flórez, coordinador ponente del proyecto, explicó que la iniciativa busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan cómo se calculan los presupuestos de las universidades públicas. Actualmente, esos recursos se ajustan con base en el IPC, lo que ha generado un desbalance financiero acumulado que, según el SUE, ya ronda los 16 billones de pesos.
“Esta reforma no es un simple ajuste técnico; es una necesidad urgente. La fórmula actual no refleja los costos reales de funcionamiento. Lo que proponemos es cambiar ese cálculo y garantizar una financiación sostenible”, aseguró Flórez, quien confirmó que el proyecto ya pasó primer debate en la Comisión Sexta del Senado.
A su turno, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, valoró el diálogo con los sectores presentes y dijo que, aunque la reforma toca solo dos artículos, “son la columna vertebral de una verdadera transformación educativa”. Añadió que la brecha financiera supera los 18 billones de pesos.
La jornada dejó un mensaje claro: hay voluntad, pero también urgencia. La educación pública necesita soluciones reales, y el Congreso tiene la palabra.