La Corte Suprema de Justicia reveló en una providencia de 816 páginas cómo mensajes de chat, testimonios y registros oficiales sustentan la imputación por cohecho contra cinco congresistas y un exsenador, en el marco del escándalo por el presunto desvío de recursos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Uno de los elementos más relevantes proviene del iPhone 14 de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este material ha sido determinante para que la Corte compulsara copias contra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y otros funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro.
Además de los congresistas imputados —Wadith Manzur (Conservador), Karen Manrique (Curul de paz), Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), Julián Peinado (Liberal), Liliana Bitar (Conservador) y Juan Pablo Gallo (Liberal)—, la investigación apunta a exministros como Diego Guevara (Hacienda), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Luis Fernando Velasco (Interior) y Mauricio Lizcano (TIC), así como a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, hoy prófugo.
La mención al “jefe supremo”
Uno de los chats más llamativos es del 27 de noviembre de 2023, cuando Alba Nury Martínez, secretaria privada de Bonilla, informa a Benavides que el ministro está reunido en Casa de Nariño con Velasco, la ministra de Trabajo y Olmedo López, entonces director de la UNGRD. Benavides responde:
“Dios gracias. Estoy tan ansiosa de saber cómo sale eso. Porque puede que el jefe supremo no quiera y nos deje a todos viendo un chispero”.
La Corte intenta establecer a quién se refería con ese término. Según declaraciones previas de Olmedo López, en la Presidencia hubo un “cónclave” donde recibió instrucciones para gestionar proyectos multimillonarios que beneficiarían a congresistas a cambio de apoyo a iniciativas del Gobierno en el Legislativo.
Presión y negociación
Otro chat muestra al exviceministro Guevara diciendo a Bonilla que Wadith Manzur estaba inconforme por la falta de garantías, pero que Benavides ya había hecho llamadas para asegurar su confianza. En otro mensaje, la propia Benavides informa a Bonilla que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público votaría un crédito “como gesto” hacia el ministro, pero esperaba respuesta sobre sus proyectos en la UNGRD.
La Corte afirma que Benavides alineó a los congresistas, dándoles reportes sobre las gestiones para que asistieran y destrabaran decisiones clave. Incluso, hay mensajes donde la representante Karen Manrique pide instrucciones sobre cómo votar, coincidiendo luego su actuación con lo que la asesora indicó.
Gestiones directas en las regiones
Los investigadores encontraron conversaciones en las que los congresistas envían a Benavides contactos de alcaldes y líderes locales para proyectos en municipios como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar. Benavides, a su vez, pedía a asesores del DAPRE, cercanos a Laura Sarabia, que hicieran las llamadas.
En un intercambio con Wadith Manzur, este pregunta quién explicará los detalles del proyecto. Benavides responde que ella se encargará y que “está moviéndolo todo”.
Sin medidas de aseguramiento… por ahora
La Corte no consideró necesario imponer medidas de aseguramiento contra los congresistas procesados, aunque todos ellos, al igual que los ministros y exministros mencionados, niegan haber actuado de forma ilegal.