En un hecho que ha generado indignación en la capital opita, dos miembros activos de la Policía Metropolitana de Neiva fueron privados de la libertad tras ser acusados de presuntamente haber participado en un acto de corrupción.
El subintendente Yolman Gutiérrez Mayor y el patrullero Yeison Rojas Tovar pertenecientes a la Especialidad de Carabineros se vieron salpicados por una investigación en su contra, en la que se les señala de presuntamente haber abusado de su investidura como autoridad para incurrir en hechos vergonzosos para la institución.
Según el reporte oficial, la detención se produjo gracias a un operativo conjunto entre tropas del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, desarrollado el pasado 12 de agosto en inmediaciones del Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.
Su vinculación
Tras la denuncia de la víctima se organizó todo un plan estratégico para sorprender en flagrancia a los uniformados. El arresto se efectuó cuando los activos, al parecer, recibían un paquete que simulaba contener dinero producto de exigencias económicas hechas a su supuesta víctima.
El fiscal que expuso el caso reveló que el intercambio del dinero estaría relacionado con la devolución de un teléfono celular perteneciente a un amigo del denunciante, que había sido capturado anteriormente durante un operativo de la Policía Nacional.
Los agentes Gutiérrez y Rojas estuvieron presentes en el procedimiento y, al parecer, habrían incautado un maletín y otros elementos personales, pero según el denunciante, cuando fue a reclamar las pertenencias, un celular no fue entregado.
La judicialización
Es así como presuntamente los policías habrían pactado la entrega del dispositivo móvil a cambio de recibir 4 millones de pesos. El pago controlado del supuesto dinero permitió que las autoridades interceptaran a los implicados en el momento de la presunta transacción.
Durante el procedimiento judicial también les fue incautado un elemento utilizado para el procesamiento de narcóticos, que, según la hipótesis investigativa, habría sido retenida ilegalmente por los uniformados durante la detención inicial del amigo del denunciante.
En las audiencias, la Fiscalía les imputó el delito de concusión en concurso con ocultamiento de elemento material probatorio. El juez encargado del caso analizó los testimonios presentados por el ente acusador, determinando que existían suficientes indicios para considerar que los uniformados podrían representar un riesgo para la investigación si permanecían en libertad, por tal motivo, ordenó su reclusión en un centro carcelario.
Este caso ha generado rechazo entre la comunidad, que ve con preocupación cómo conductas indebidas empañan la labor policial. Por ahora, Gutiérrez Mayor y Rojas Tovar permanecerán privados de la libertad mientras avanza la investigación que busca determinar la veracidad de las acusaciones y el posible involucramiento de otras personas.