La Contraloría General de la República alertó ayer martes sobre una situación financiera y administrativa crítica en la Nueva EPS.
El análisis desplegado por la entidad, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, abarca desde 2022 hasta el primer semestre de 2025, e incluye el periodo de intervención que el Gobierno realizó durante año y medio.
Delicada crisis
La Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de afiliados, atraviesa una crisis marcada por el repunte de quejas ciudadanas y una gestión inestable, con tres interventores en 18 meses.
La alerta de la Contraloría se fundamenta en un examen exhaustivo de 4.524 archivos por parte de la Policía Judicial y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que identificó presuntas irregularidades de bastante gravedad.
Inquietantes hallazgos
Entre los hallazgos destacan el aumento en los anticipos pendientes, que pasaron de 3,4 billones de pesos en 2023 a 8,6 billones en 2024 (un alza del 155 %), afectando gravemente la operatividad de la EPS. En el primer semestre de 2025, estos anticipos escalaron a 15,27 billones, superando en 6,6 billones el total anual de 2024, lo que compromete la liquidez institucional y expone riesgos de perjuicio patrimonial, especialmente en saldos de más de dos años y valorados en 143 mil millones.
Inconsistencias contables
Además, se reportan 5,7 billones de pesos pendiente por legalizar del año anterior. La gestión de facturas también presenta fallas: se registraron cerca de 22 millones de facturas por 22 billones de pesos, pero 9 millones están duplicadas y 13,2 billones aún no se han procesado. Un alarmante 97 % de las obligaciones registradas sigue sin revisión, generando inconsistencias contables por falta de verificación contractual y de soportes.
TITULO (RECUADRO)
Caos financiero
El informe también señala una concentración de servicios en solo 36 prestadoras, que representan el 40 % del valor pendiente, es decir 5,2 billones. En materia tecnológica, no hay evidencias del uso de sistemas de información adecuados, lo que genera más riesgos administrativos. Además, faltan soportes contractuales según el Decreto 441 de 2022, y existe una subestimación de reservas técnicas por 11,1 billones de pesos. Estos hallazgos serán remitidos a la Contraloría Delegada para Salud, la Fiscalía y la Procuraduría.