La deserción médica en el Cauca se ha convertido en una grave consecuencia del incremento de la violencia armada en esta región del suroccidente colombiano. La situación ha comenzado a afectar seriamente la prestación de servicios de salud en las zonas rurales.
Carolina Camargo, secretaria de Salud del departamento, alertó que el miedo colectivo está provocando que médicos y enfermeras se rehúsen a asistir a las jornadas programadas en áreas de alto riesgo. “No tenemos personal dispuesto a desplazarse. Hay lugares donde simplemente no contamos con nadie para atender a la población”, indicó.
El modelo de atención en salud del Cauca se basa en brigadas móviles. Estas se desplazan a corregimientos y veredas para garantizar atención primaria. Sin embargo, la deserción médica en el Cauca ha obligado a suspender o reubicar estas jornadas.
En Santa Rosa, por ejemplo, no se contaba con ningún médico disponible. Fue necesario trasladar personal desde el municipio de San Sebastián. En El Plateado, la jornada médica tuvo que realizarse dentro de un polideportivo, ante el riesgo de permanecer al aire libre.
Durante 2025, ya se han reportado al menos tres agresiones contra la misión médica en el Cauca. En uno de los casos, un paciente fue asesinado tras ser obligado a descender de una ambulancia por hombres armados. En Caloto, un artefacto explosivo cayó cerca del hospital durante un ataque a la estación de Policía, sembrando el pánico entre pacientes y personal sanitario.
Camargo hizo un llamado contundente al respeto por la misión médica. Recordó que, según el Derecho Internacional Humanitario, el personal de salud, los pacientes y las instalaciones están protegidos bajo los convenios de Ginebra. “Estas acciones violan normas internacionales y condenan a muchas comunidades al abandono médico”, afirmó.
Frente al panorama de inseguridad, el sistema de salud rural en el Cauca se encuentra al borde del colapso. La deserción médica en el Cauca no solo representa una crisis de atención, sino una emergencia humanitaria que requiere atención inmediata por parte del Gobierno Nacional y organismos de derechos humanos.