El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue incluido por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. en la lista de personas sancionadas por narcotráfico.
La sanción también abarca a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti.
Según declaraciones de su abogado, Petro “no puede recibir su salario” ni acceder a ciertas cuentas bancarias como efecto directo de las sanciones.
Detalles clave
- La asignación de Petro en la lista SDN de la OFAC se hizo bajo la autoridad del Executive Order 14059, por su presunta participación o facilitación del comercio ilícito de drogas.
- Las sanciones implican que todos los bienes o intereses en bienes de los señalados que estén en EE.UU., o en posesión de personas estadounidenses, deben ser bloqueados. También se prohíben transacciones con éstos por parte de personas o entidades en EE.UU.
- El impacto podría extenderse al sistema financiero colombiano, pues bancos nacionales que tienen relaciones con entidades estadounidenses podrían verse afectados al mantener vínculos con personas sancionadas.
Reacciones
Petro calificó la medida como un “ataque a la soberanía de Colombia” y afirmó que no tiene cuentas ni activos en EE.UU., por lo que, según él, la sanción no le afectaría.
El Gobierno colombiano expresó su rechazo a la inclusión del Presidente en la lista y anunció que evaluará vías diplomáticas y legales para resolver la situación.
¿Por qué es relevante?
Esta sanción a un jefe de Estado de un país aliado de EE.UU. representa un giro significativo en la política exterior estadounidense hacia Colombia y podría tener implicaciones en materia de cooperación bilateral, ayuda internacional, operaciones financieras y relaciones diplomáticas.