El gobierno nacional dio a conocer una hoja de ruta que prioriza la instalación de parques solares y eólicos durante la próxima década, con metas cuantificadas para reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la participación de renovables en la matriz energética. El plan incluye incentivos fiscales, subastas de capacidad y programas de formación técnica para comunidades donde se instalarán los proyectos.
Inversionistas internacionales manifestaron interés condicionado a marcos regulatorios estables y procesos de consulta previa rigurosos con comunidades indígenas y rurales que podrían verse afectadas. Ambientalistas aplauden la orientación hacia la descarbonización pero exigen garantías sobre conservación de ecosistemas y protección de derechos territoriales.
La implementación incluirá procesos de licenciamiento ambiental y evaluación socioeconómica; el equilibrio entre urgencia climática y justicia social será determinante para el éxito del plan y la aceptación de las comunidades locales, por lo que el gobierno deberá gestionar expectativas y conflictos con transparencia.