Según la entidad de control, el caso gira en torno a un acto administrativo relacionado con una adición presupuestal.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa que hoy tiene en alerta a la Alcaldía de Santa Isabel, Tolima, y a varios de sus funcionarios aún por identificar. El proceso busca establecer si existió una omisión grave en la comunicación obligatoria de modificaciones presupuestales al Concejo Municipal, tal como lo exige la normatividad vigente en materia de transparencia administrativa.
Según la entidad de control, el caso gira en torno a un acto administrativo relacionado con una adición presupuestal vinculada al convenio suscrito con la Gobernación del Tolima. Dicho convenio contempla la caracterización, clasificación del inventario y registro patrimonial y cultural de los inmuebles del municipio. La sospecha radica en que el documento habría sido remitido al Concejo con un retraso superior a los tres meses, lo que constituye una irregularidad que compromete el deber de reporte oportuno.
Para esclarecer los hechos, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales, con el fin de establecer si algún servidor público incurrió en omisiones que afectan el control fiscal interno o vulneraron los principios de publicidad y transparencia. La investigación también apunta a determinar si la demora, de confirmarse, pudo derivar en afectaciones para el seguimiento del convenio ejecutado con recursos públicos.