La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, vuelve a cobrar vigencia con la proximidad de las elecciones de 2026. Esta norma establece una serie de limitaciones en materia de contratación estatal para evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines políticos durante el proceso electoral. Su propósito es preservar la transparencia, la imparcialidad y la igualdad de condiciones entre los candidatos.
A partir del 8 de noviembre de 2025, las entidades territoriales y sus entes descentralizados no podrán celebrar convenios interadministrativos que impliquen ejecución de recursos públicos. Posteriormente, desde el 31 de enero de 2026, se impondrá la prohibición general de contratación directa para todas las entidades estatales. Estas restricciones se mantendrán vigentes hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio, si se realiza una segunda vuelta presidencial.
El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, señaló que el objetivo de esta medida es garantizar que la contratación estatal se mantenga «transparente y libre de influencias políticas» durante el proceso electoral. De esta manera, se busca que las entidades planifiquen con anticipación sus proyectos y eviten riesgos jurídicos o administrativos derivados del incumplimiento de la norma.
Durante este periodo, la contratación pública no se suspende totalmente. La ley permite adelantar licitaciones públicas, concursos de méritos, selecciones abreviadas o de mínima cuantía. Además, se pueden prorrogar o adicionar contratos suscritos antes del inicio de las restricciones y celebrar convenios gratuitos o relacionados con la defensa, el crédito público y la atención de emergencias.
No se podrá celebrar contratación directa ni firmar convenios interadministrativos con ejecución de recursos durante los plazos de restricción. Asimismo, se prohíbe el uso de bienes o recursos estatales con fines proselitistas. Cumplir con estas disposiciones no solo previene sanciones, sino que fortalece la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.