El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un giro contundente en su política de “paz total” al ordenar el bombardeo de una base de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, en el centro-sur del país. La ofensiva, ejecutada el 10 de noviembre de 2025, dejó 19 guerrilleros muertos, tres capturados y tres menores de edad rescatados de los campamentos insurgentes. Según el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, el ataque se justificó ante la inminencia de una emboscada contra las tropas oficiales en la zona.
Este bombardeo —el más letal de los siete ordenados por Petro en lo que va del año— marca un cambio de tono en la política de seguridad del mandatario, quien desde el inicio de su gobierno había apostado por negociaciones con los grupos armados para reducir la violencia. Sin embargo, los pocos resultados concretos y el deterioro de la situación de seguridad en varias regiones del país parecen haber llevado al presidente a reconsiderar su enfoque.
De acuerdo con Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group, la estrategia de Petro ha evolucionado hacia un modelo híbrido que combina la negociación con la acción militar. “Cuando asumió la presidencia, su propósito fue desescalar el conflicto y avanzar hacia acuerdos de paz mediante el diálogo; ahora reconoce que es necesario aplicar la fórmula del ‘garrote y la zanahoria’”, explica.
Por su parte, Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert, sostiene que la “paz total” no logró consolidarse porque no ofreció incentivos reales para que los grupos armados se desmovilizaran o cumplieran los compromisos adquiridos. Según la experta, la política se debilitó ante la falta de acuerdos transformadores y la persistencia de estructuras armadas que, en lugar de ceder, se fortalecieron en varias regiones.
Ambas analistas coinciden en que la decisión de Petro refleja una respuesta a la creciente inseguridad y al malestar social por los atentados y ataques a fuerzas militares y civiles. Dickinson considera que el Gobierno intenta enviar un mensaje claro: los actos violentos contra instituciones del Estado no serán tolerados. El ataque, por tanto, busca reafirmar la autoridad del Estado en zonas donde las disidencias y otros grupos como el ELN o el Clan del Golfo han recuperado terreno.
El bombardeo también ha reabierto el debate sobre la efectividad de las operaciones aéreas como herramienta de control territorial. Dickinson recuerda que, a diferencia de los años más intensos del conflicto, las estructuras guerrilleras actuales están altamente dispersas, muchas veces mezcladas con la población civil y sin grandes campamentos permanentes, lo que reduce el impacto de los ataques desde el aire. En su opinión, Colombia necesita una estrategia de seguridad más focalizada, que entienda la fragmentación actual del conflicto y priorice la protección de las comunidades.
Catalina Niño añade que la sociedad colombiana ha normalizado niveles muy altos de violencia, lo que hace que buena parte de la población vea con resignación —o incluso con aprobación— las ofensivas militares del gobierno. Señala como antecedentes la ola de atentados ocurrida este año en Cali, el derribo de un helicóptero policial en agosto que dejó 19 muertos y los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en Catatumbo, que causaron una grave crisis humanitaria.
Pese al endurecimiento de la política de seguridad, los analistas coinciden en que Petro no ha abandonado completamente el diálogo. Sin embargo, la falta de avances palpables, sumada al contexto electoral de 2026, influye claramente en la estrategia del mandatario, que busca mostrar resultados ante la opinión pública. Niño advierte que el incremento de la violencia en varios territorios es un tema sensible que puede impactar su imagen política y la del proyecto progresista que representa.
En definitiva, el bombardeo del 10 de noviembre marca un punto de inflexión en la política de “paz total”: de un enfoque centrado en la negociación, el gobierno ha pasado a una postura más pragmática, que combina la búsqueda de acuerdos con acciones militares selectivas. Aunque la decisión refuerza el mensaje de autoridad estatal, también reabre el debate sobre si es posible alcanzar la paz en Colombia mientras se mantienen las operaciones armadas, y si el país corre el riesgo de repetir los ciclos de violencia que ha intentado superar durante las últimas décadas.