El caso del ministro Armando Benedetti ha vuelto a poner bajo la lupa el vínculo entre poder político y negocios privados. La Corte Suprema de Justicia intensificó su investigación por presunto enriquecimiento ilícito, centrando su atención en una serie de bienes, contratos y transacciones que, a juicio de expertos, configuran una red de ocultamiento patrimonial.
Aunque no existe por ahora una investigación judicial formal que confirme irregularidades, los hallazgos y señalamientos del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, apuntan a un patrón que se repite. Bienes de alto valor que no aparecen a nombre de Benedetti, pero que en la práctica estarían bajo su control o el de su familia.
Enciso, que lleva meses documentando operaciones y contratos relacionados con el ministro, ha sostenido que “Benedetti no es titular de los activos” y que, por el contrario, algunas propiedades figuran a nombre de su esposa, Adelina Guerrero Cobo, quien aparece como titular formal,
El caso más visible es el de la mansión en Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde actualmente reside la familia Benedetti.
El inmueble figura a nombre del empresario Ricardo Leyva Páez, quien, según información obtenida por Enciso, cedió el contrato de leasing de esa vivienda al ministro. Leyva no es un personaje ajeno al entorno de Benedetti. Dirige la empresa AB Fénix Entretenimiento S.A.S., que obtuvo de RTVC un contrato por 8.000 millones de pesos para la realización de un concierto durante la Cumbre CELAC, adjudicado sin licitación.