La imputación a Álvaro Leyva avanza luego de que la Fiscalía solicitara audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá. El exministro de Relaciones Exteriores enfrentará el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo debido a presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
La Fiscalía formaliza el proceso penal
La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación tras concluir que el excanciller habría emitido actos administrativos contrarios a la ley. Estos actos estarían ligados al proceso de licitación para suministrar y personalizar pasaportes colombianos, además de manejar la custodia, impresión y distribución de las libretas.
La entidad sostiene que Leyva intervino de manera irregular en decisiones que afectaron el desarrollo del proceso contractual. Esas actuaciones, según la investigación, habrían vulnerado normas de la contratación pública.
Decisión disciplinaria: destitución e inhabilidad
Antes de la acción penal, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Leyva por 10 años. El fallo señaló que declarar desierta la licitación careció de sustento jurídico y desconoció principios de transparencia, libre competencia y responsabilidad.
El proceso disciplinario surgió luego de que Leyva frenara la licitación en septiembre de 2023 mediante la Resolución 7485. Esa licitación tenía un valor cercano a 600.000 millones de pesos y buscaba renovar el contrato que durante 17 años había ganado la empresa Thomas Greg.
El excanciller aseguró entonces que la decisión protegía los recursos públicos. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que dicha actuación afectó las reglas de la contratación estatal.
Qué pasó tras la caída de la licitación
La controversia no terminó con la declaración desierta. Para evitar la interrupción del servicio, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró una urgencia manifiesta. La decisión se formalizó en la Resolución 7541 del 14 de septiembre, que también recibió reparos disciplinarios.
Con la urgencia manifiesta, el Gobierno otorgó temporalmente un nuevo contrato a Thomas Greg. El acuerdo se mantiene vigente hasta abril de 2026. A partir de mayo, el servicio de pasaportes pasará a un nuevo modelo a cargo de la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de Moneda de Portugal.
Las razones jurídicas de la imputación
La imputación a Álvaro Leyva se sustenta en que sus decisiones habrían contrariado normas claras del proceso licitatorio. La Fiscalía analiza si los actos administrativos emitidos configuraron un uso indebido de sus funciones.
La investigación también evalúa si la urgencia manifiesta se utilizó sin cumplir con los requisitos legales. Esa figura exige demostrar una necesidad inmediata que impida continuar con los procesos ordinarios de contratación.
Lo que sigue en el proceso
Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía podrá decidir si solicita medidas adicionales. El caso continuará en manos del Tribunal Superior de Bogotá debido al fuero del exministro.
La situación marca un nuevo capítulo en el escándalo que rodea la contratación de los pasaportes, uno de los temas más sensibles de la administración pública reciente.