El debate sobre el salario mínimo para 2026 avanza en medio de desacuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales, mientras un análisis realizado con inteligencia artificial introdujo un nuevo referente técnico: un ajuste de entre 7% y 9% como el rango óptimo para preservar el poder adquisitivo sin afectar negativamente el empleo o la estabilidad macroeconómica.
De acuerdo con esa proyección, un aumento del 7% ubicaría el salario mínimo en $1.522.610; con el 8% alcanzaría $1.536.840 y con el 9% llegaría a $1.551.070. La herramienta también concluyó que un aumento por debajo del 6% deterioraría el ingreso real de los trabajadores, mientras que un salto superior al 10% podría desatar efectos no deseados, como mayor desempleo, informalidad y presiones inflacionarias.
La propuesta técnica contrasta con la del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que el salario mínimo de 2026 debería superar los $1,8 millones. Sectores empresariales y algunos representantes en la Comisión de Concertación han calificado esta cifra como desproporcionada y advierten efectos adversos para la economía. En cambio, sugieren que el ajuste se ubique entre $1,5 millones y $1,6 millones.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales —integrada por Gobierno, trabajadores y empleadores— es la instancia responsable de definir el aumento, con base en variables como inflación, productividad y capacidad de pago del tejido empresarial. Sin embargo, las posiciones se mantienen alejadas y la fecha límite se aproxima.
El Banco de la República también entró en el debate. Su gerente, Leonardo Villar, alertó que un incremento por encima del 10% complicaría el proceso de reducción de la inflación, ubicada actualmente en 5,51%. Este llamado a la prudencia coincide con la postura del empresariado, que insiste en una fórmula de una sola cifra para evitar mayores presiones sobre los precios.
Del otro lado, los trabajadores defienden un ajuste de dos dígitos para recuperar poder adquisitivo perdido, mientras el Gobierno intenta conciliar intereses sin descartar una decisión final por decreto. Si no se llega a un acuerdo en los próximos 10 días, la determinación quedará en manos del presidente, quien deberá fijar el salario mínimo el 30 de diciembre.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha reiterado que la prioridad es escuchar a las partes antes de acudir a una decisión unilateral. Sin embargo, también cuestionó al Banco de la República por mantener altas las tasas de interés, lo que, según él, ha limitado la recuperación económica.
Sanguino destacó además los resultados recientes: el incremento nominal de 37,6% del salario mínimo en los últimos años, el crecimiento económico de 3,6% reportado por el Dane y la reducción del desempleo al 8,2%, la cifra más baja del siglo. Para el ministro, estas señales muestran que los ajustes salariales han contribuido positivamente al desempeño económico.
La mesa de concertación continúa el análisis de los indicadores pendientes, entre ellos el IPC de noviembre, que el Dane ubicó en 5,3%. Con estas cifras sobre la mesa, las partes esperan acercar posiciones en una negociación que definirá el ingreso base de millones de trabajadores en 2026.