Colombia ha destinado cerca de 80 billones de pesos en subsidios a los combustibles fósiles desde 2020, una cifra que vuelve a encender el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la transición energética en el país.
El monto corresponde principalmente a los recursos utilizados para mantener estables los precios de la gasolina y el diésel a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo fue clave durante la pandemia y la posterior crisis internacional de precios del petróleo, evitando incrementos abruptos para los consumidores, pero generando un alto costo para las finanzas públicas.
Expertos advierten que estos subsidios han contribuido significativamente al déficit fiscal, al punto de ser considerados una de las principales presiones sobre el presupuesto nacional en los últimos años. De hecho, el congelamiento prolongado de precios derivó en un desbalance acumulado que obligó al Gobierno a iniciar incrementos graduales en los combustibles para reducir la brecha.
El debate se intensifica en medio de los compromisos de Colombia frente al cambio climático. Mientras el país busca avanzar hacia energías limpias y reducir su dependencia de los hidrocarburos, el alto nivel de subsidios a combustibles fósiles es visto como una contradicción frente a esos objetivos.
Algunos analistas sostienen que mantener estos apoyos distorsiona el mercado energético, desincentiva la adopción de alternativas sostenibles y retrasa la transición hacia fuentes renovables. Otros, sin embargo, defienden que eliminarlos de forma abrupta podría generar impactos sociales y económicos, especialmente en sectores como el transporte y la producción de alimentos.
En este contexto, el futuro de los subsidios se perfila como uno de los temas clave en la agenda económica del país. Las decisiones que se tomen no solo influirán en la estabilidad fiscal, sino también en la velocidad y viabilidad de la transición energética en Colombia.