155 tramos de andenes presentan hundimientos, desniveles y pérdida de material.
Un fallo judicial puso en evidencia el deterioro del espacio público en el centro de Tunja y obligó a la administración municipal a tomar medidas concretas. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de la ciudad emitió una sentencia de primera instancia en la que ordena intervenir múltiples tramos de andenes en el Centro Histórico, tras una acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García.
La decisión judicial se fundamenta en la vulneración de derechos colectivos relacionados con el uso adecuado del espacio público, la seguridad de los peatones y la prevención de riesgos.
Durante el proceso, se presentaron informes técnicos que evidenciaron graves fallas en la infraestructura peatonal: un total de 155 tramos presentan deterioro, incluyendo hundimientos, pérdida de materiales y desniveles que dificultan el tránsito seguro.
Además, el diagnóstico reveló que 121 de estos sectores no cumplen con las normas de accesibilidad vigentes, al no contar con rampas ni elementos guía para personas con movilidad reducida o discapacidad visual, lo que agrava la problemática en una zona de alta circulación.
Ante este panorama, el fallo ordena al municipio ejecutar, en un plazo máximo de un año desde la firmeza de la sentencia, todas las acciones necesarias para la recuperación de estos espacios.
Esto incluye la elaboración de estudios y diseños técnicos que respeten las condiciones arquitectónicas del Centro Histórico, así como la ejecución de obras de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción.
Las intervenciones deberán realizarse en puntos estratégicos del centro, entre ellos la carrera 12 entre calles 15 A y 21 A; la carrera 11 desde la calle 15 hasta la 23, en cercanías al parque Santander; la carrera 9 entre calles 17 y 25, en inmediaciones del colegio Salesiano; la carrera 8 entre calles 16 y 23; y varios tramos transversales entre las calles 15 y 23, comprendidos entre las carreras 7 y 12.
Aunque el municipio reconoció el deterioro en algunos sectores, argumentó limitaciones presupuestales y la necesidad de articular las intervenciones con el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico.
Sin embargo, el juzgado fue enfático en señalar que estas condiciones no eximen a la administración de su responsabilidad de garantizar un espacio público seguro y accesible.
Para asegurar el cumplimiento del fallo, se ordenó la creación de un comité de verificación integrado por el demandante, la Secretaría de Infraestructura, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes deberán hacer seguimiento a la asignación de recursos y al avance de las obras.