Luisa Fernanda Martínez Pava, defensora regional del pueblo/ Foto: archivo particular
La Defensoría del Pueblo encendió las alertas en Boyacá tras identificar cerca de 9.000 casos relacionados con presuntas vulneraciones al derecho fundamental a la salud, situación que evidencia las dificultades que enfrentan miles de usuarios para acceder de manera oportuna y adecuada a los servicios médicos en diferentes municipios del departamento.
Según informó la entidad, entre las principales problemáticas reportadas por la ciudadanía se encuentran las demoras para obtener citas con especialistas, retrasos en la entrega de medicamentos y fallas en la continuidad de tratamientos médicos, situaciones que estarían afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas que requieren atención prioritaria.
La Defensoría señaló que estas denuncias reflejan posibles deficiencias estructurales en la operación de algunas EPS e IPS que prestan servicios en Boyacá, principalmente en aspectos relacionados con la oportunidad de atención, autorizaciones médicas y garantía de tratamientos integrales. De acuerdo con el organismo, muchos usuarios han manifestado dificultades para acceder a procedimientos especializados, exámenes diagnósticos y controles médicos, generando preocupación por el deterioro de su estado de salud.
Otro de los puntos que llamó la atención de la entidad tiene relación con las condiciones de atención médica para las personas privadas de la libertad en centros de reclusión del departamento. Allí, según las denuncias conocidas, también existirían problemas asociados con el acceso a servicios médicos, suministro de alimentos y condiciones básicas de permanencia, lo que motivó un seguimiento especial por parte de la Defensoría Regional.
Frente a este panorama, la entidad anunció que adelanta mesas de trabajo con autoridades territoriales, representantes del sector salud y organismos competentes, con el propósito de establecer compromisos verificables que permitan mejorar la prestación de los servicios y reducir las afectaciones a los usuarios.
La Defensoría del Pueblo reiteró que continuará realizando acompañamiento en territorio y seguimiento permanente a las entidades responsables, buscando garantizar el respeto y la protección del derecho a la salud de los ciudadanos boyacenses, especialmente en las zonas donde más se reportan fallas en la atención médica.