La defensa de Santiago Botero, excandidato presidencial, formalizó acciones legales contra el comisario de familia de Cartagena, Amin Francisco Sanabria Aislant, en medio de una controversia familiar que escaló a la opinión pública. Diana Paola Chavarro, abogada de Botero, anunció la radicación de una queja disciplinaria en la que cuestiona las garantías procesales otorgadas a su representado durante el proceso de divorcio.
“Hemos radicado una queja disciplinaria contra el comisario de familia Amin Francisco Sanabria Island por presuntas actuaciones contrarias a la imparcialidad, la reserva del expediente y el debido proceso”, señaló Chavarro, quien subrayó que el caso no surgió de denuncias judiciales sino de una negociación fallida entre las partes.
En su declaración, la abogada identificó el origen del conflicto en una serie de solicitudes económicas que, según la defensa, resultan excepcionales.
“Entre las exigencias planteadas se encontraban 36 millones de pesos mensuales vitalicios a la señora Manuela Echeverri, incluso si iniciaba una nueva relación sentimental, más de 5 millones de pesos para un menor de apenas diez meses, un seguro de vida por un millón de dólares y un apartamento en Cartagena valorado en 20.000 millones de pesos que no pertenece a Santiago Botero”, detalló Chavarro.
La defensa sostiene que la naturaleza de la disputa es estrictamente patrimonial y que la controversia pública no se corresponde con una sentencia firme. “A la fecha no existe una sola decisión definitiva contra mi representado. Lo que sí existe es una controversia patrimonial convertida en escándalo nacional, frente a la cual ejerceremos todas las acciones jurídicas necesarias para demostrar la verdad”, expresó la abogada.
Solicito respetuosamente a las autoridades competentes que investiguen de manera exhaustiva las actuaciones relacionadas con mi caso, incluyendo aquellas en las que hayan participado el abogado Guillermo Baquero y el comisario de familia Amín Sanabria Aislant, con el fin de… pic.twitter.com/ZvOQEV9VTU
— Santiago Botero Jaramillo (@Santibotero2026) June 7, 2026
El comunicado acusa a Sanabria Aislant de haber vulnerado la imparcialidad e impulsar versiones no comprobadas en medios de comunicación, coincidiendo con uno de los momentos de mayor visibilidad política de Botero. “El funcionario ahora implicado en el proceso incluso se prestó para crear narrativas infundadas en distintos medios de comunicación contra el excandidato presidencial a menos de 24 horas de las elecciones”, puntualizó la defensa.
En relación con el desarrollo del conflicto, la abogada advirtió sobre la variabilidad de los señalamientos dirigidos a su cliente. “Las acusaciones han cambiado de manera sustancial. Se pasó de hablar de armas y violencia a una supuesta violencia económica”, indicó Chavarro, quien atribuye estos movimientos al intento de obtener un acuerdo económico.
Para la defensa, la propuesta inicial de la expareja de Botero implicaba obligaciones financieras consideradas desproporcionadas y, en algunos casos, imposibles de cumplir. Además, la abogada remarcó que el apartamento solicitado no forma parte del patrimonio de Botero, situación que, según su versión, lo hubiese obligado a asumir una deuda ajena.
El documento también hace referencia a la participación de funcionarios públicos que, de acuerdo con la defensa, se habrían declarado impedidos y fueron recusados por presunta parcialidad. La abogada sostiene que algunos de estos actores “públicamente han hecho saber sus posturas políticas y críticas mal direccionadas en contra de quien prometió luchar contra los ladrones y corruptos”.
El episodio trascendió el ámbito jurídico para instalarse en el debate público, motivado, según la defensa, por el crecimiento político de Santiago Botero en la campaña hacia la Presidencia. El comunicado advierte que el caso se amplificó en redes y fue instrumentalizado por actores políticos tradicionales.
Al cierre de su intervención, la abogada Diana Paola Chavarro reiteró la inexistencia de decisiones judiciales en firme y ratificó su compromiso con la defensa de los derechos procesales de Botero. “Ejerceremos todas las acciones jurídicas necesarias para demostrar la verdad”, concluyó la defensa, que asegura que la controversia no guarda relación con hechos violentos ni con delitos tipificados, sino con desacuerdos económicos convertidos en un caso mediático.
