Lactancia Materna_ foto_ archivo particular.
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja admitió una acción popular mediante la cual se busca que el municipio de Oicatá implemente espacios adecuados para la lactancia materna en cumplimiento de la normativa nacional vigente. La demanda fue presentada por el ciudadano David Alejandro Rintá Landínez y está orientada a la protección de los derechos colectivos relacionados con la salud, la seguridad, la salubridad y el acceso digno al espacio público para mujeres lactantes y menores de edad.
Norma incumplida
Según el expediente 150013333005202600068-00, el accionante sostiene que la administración municipal estaría incumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley 2306 de 2023 y en la Resolución 00001188 del 10 de junio de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Estas normas contemplan la promoción de entornos adecuados para la práctica de la lactancia materna, incluyendo espacios accesibles, seguros y con condiciones de dignidad tanto en zonas urbanas como rurales.
La acción popular solicita que la administración local identifique e instale áreas destinadas a la lactancia, informe públicamente sobre su ubicación y desarrolle campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad para fomentar el uso de estos espacios. Además, pide establecer si estas iniciativas se encuentran contempladas dentro del Plan de Desarrollo Municipal o si será necesario incorporarlas mediante futuras inversiones.
Proceso judicial
Uno de los aspectos señalados dentro del proceso es que el demandante presentó previamente un derecho de petición ante la Alcaldía de Oicatá con el fin de obtener información sobre el cumplimiento de estas obligaciones. De acuerdo con lo consignado en la providencia judicial, dicho requerimiento no habría recibido respuesta por parte de la administración municipal, circunstancia que permitió acreditar el requisito de procedibilidad exigido para este tipo de acciones.
Tras la admisión de la demanda, el juzgado ordenó notificar al municipio de Oicatá, que contará con un plazo de diez días hábiles para responder a las pretensiones, presentar excepciones y aportar las pruebas correspondientes.
Asimismo, la decisión fue comunicada al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y a la comunidad en general, mientras el proceso continúa su trámite a través de la plataforma Samai del Consejo de Estado.