El presidente Gustavo Petro denunció un aumento en las amenazas y hechos de violencia contra los campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria, asegurando que en las últimas semanas se han registrado intimidaciones y agresiones físicas contra familias que recibieron tierras de manera legal durante su Gobierno. Según el mandatario, esta situación representa un grave riesgo para las comunidades rurales y para el desarrollo de la política de redistribución de tierras contemplada en la Reforma Rural Integral.
Como respuesta a estos hechos, Petro anunció que buscará el apoyo del papa León XIV para impulsar una campaña internacional en defensa de los campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Explicó que sostendrá una conversación con el pontífice con el objetivo de promover acciones que fortalezcan la protección de las comunidades rurales frente a las amenazas, la violencia y las intimidaciones que, según afirmó, se han incrementado recientemente en diferentes regiones del país.
Durante su pronunciamiento, el presidente también aseguró que las autoridades ya tendrían identificadas a algunas personas que estarían detrás de estas amenazas. De acuerdo con sus declaraciones, los presuntos responsables pertenecerían a estructuras mafiosas que anteriormente se apropiaron de tierras de manera ilegal y que ahora buscarían recuperar esos predios mediante el uso de la violencia. Petro sostuvo que estos grupos creen que el nuevo panorama político les permitirá retomar el control de esos territorios, aunque reiteró que el Estado continuará protegiendo a las comunidades campesinas y defendiendo la legalidad de la reforma agraria.
Uno de los casos más graves ocurrió en la vereda Caño Nare, en el municipio de Puerto López (Meta). Allí, la familia Córdoba, integrada por cinco personas y beneficiaria de la Reforma Rural Integral, denunció haber sido víctima de un violento ataque durante la noche del 22 de junio de 2026. Según el testimonio de un familiar que pidió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad, hombres armados que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo llegaron inicialmente para exigirles que abandonaran el terreno, afirmando que las tierras pertenecían a un supuesto narcotraficante llamado «Salomón Camacho» y no a quienes las habían recibido mediante la Agencia Nacional de Tierras.
De acuerdo con la denuncia, horas después de esa advertencia los hombres armados regresaron al predio, dispararon contra la vivienda y sometieron a la familia a un violento ataque. Las víctimas fueron golpeadas, amordazadas y torturadas durante varias horas, en un hecho que generó gran preocupación por la seguridad de los beneficiarios de la reforma agraria y por la presencia de grupos armados ilegales en la región.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó que este no es un caso aislado y presentó un panorama más amplio de las denuncias recibidas en diferentes departamentos del país. La entidad señaló que existe una oposición violenta por parte de personas que pretenden mantener el control ilegal de predios recuperados por el Estado. Como ejemplo, mencionó las amenazas de muerte contra campesinos beneficiarios de la Hacienda La Palmira, en el departamento de Córdoba, un predio recuperado por la ANT en julio de 2025.
Asimismo, la Agencia denunció que integrantes del Consejo Comunitario Zabaletas, en Tuluá, también han sido objeto de amenazas como una forma de intimidar a las comunidades afrodescendientes asentadas en tierras entregadas por el Estado. A estos hechos se suma la amenaza contra un contratista de la ANT en el departamento de Antioquia, quien, según la entidad, recibió intimidaciones por parte de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Ante este panorama, el Gobierno nacional reiteró su compromiso de continuar impulsando la Reforma Agraria y de fortalecer las medidas de protección para los campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que han recibido tierras legalmente. Además, el presidente Petro insistió en la necesidad de contar con apoyo nacional e internacional para garantizar la seguridad de estas poblaciones y evitar que los grupos armados y las organizaciones criminales frenen la implementación de la reforma mediante amenazas y actos de violencia.