La Fiscalía General de la Nación confirmó que la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se realizará el próximo 24 de julio, luego de negar la solicitud de aplazamiento presentada por la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría había solicitado reprogramar la audiencia al considerar que aún faltaban pruebas importantes para el desarrollo del proceso, pero la Fiscalía concluyó que existían suficientes elementos para mantener la fecha establecida y continuar con la investigación.
El exmandatario enfrenta una investigación por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en el marco de un proceso relacionado con posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en el departamento de Antioquia. Entre los principales hechos que analiza la Fiscalía se encuentra la presunta promoción y apoyo a estructuras paramilitares que, según la investigación, habrían operado desde la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe en el municipio de San Roque. Este punto ha cobrado relevancia debido a que su hermano, Santiago Uribe Vélez, ya fue condenado en otro proceso relacionado con grupos armados ilegales.
La investigación también busca establecer si existió alguna responsabilidad del expresidente en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango a finales de la década de 1990, cuando Álvaro Uribe ejercía como gobernador de Antioquia. Estos hechos son considerados uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano y hacen parte de las investigaciones por presuntos delitos de lesa humanidad.
Otro aspecto central del expediente corresponde al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien denunció en repetidas ocasiones la presencia y el accionar de grupos paramilitares en Antioquia. Según la investigación, el abogado había solicitado protección y advertido sobre los riesgos que enfrentaba, pero presuntamente no recibió una respuesta efectiva por parte de las autoridades. La Fiscalía analiza si existió alguna omisión que pudiera comprometer la responsabilidad del entonces gobernador.
El origen de este proceso judicial se remonta a septiembre de 2020, cuando Álvaro Uribe renunció a su curul como senador de la República. Con esa decisión perdió el fuero constitucional que hacía competente a la Corte Suprema de Justicia para investigarlo. En consecuencia, el expediente pasó a la Fiscalía General de la Nación, que asumió la competencia para continuar con las investigaciones y unificó varias líneas de indagación en un solo proceso penal.
Por su parte, la defensa del expresidente manifestó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía y aseguró que no existen las garantías necesarias para ejercer una adecuada defensa. Uribe afirmó que la ley establece que la indagatoria constituye un mecanismo para que el investigado pueda defenderse, pero sostuvo que, sin la práctica previa de determinadas pruebas, no podrá responder de manera adecuada a los señalamientos en su contra. Además, argumentó que la tutela citada por la Fiscalía únicamente exigía informar sobre los avances del proceso y no obligaba a fijar una fecha inmediata para la diligencia.
Finalmente, el expresidente también expresó que, en su opinión, el proceso tendría motivaciones políticas. Según sus declaraciones, la decisión de la Fiscalía respondería a presiones de distintos sectores e instituciones, entre ellos el ministro Iván Velásquez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. Uribe sostiene que existe un interés por responsabilizarlo penalmente y rechaza las acusaciones en su contra, mientras la Fiscalía mantiene el curso de la investigación y la fecha prevista para la indagatoria.