La decisión fue comunicada en medio de los preparativos para el acto de investidura y establece que las bases, escuelas y demás escenarios pertenecientes a las Fuerzas Militares no podrán servir como sede del evento. Con esta directriz, el Gobierno busca que la ceremonia se lleve a cabo en un espacio distinto a los recintos castrenses.
La determinación ha generado diversas reacciones en el ámbito político, ya que marca la posición del Gobierno saliente frente al uso de infraestructura militar para actos de carácter institucional relacionados con el cambio de administración.
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el lugar definitivo donde se realizará la posesión del mandatario electo ni sobre las implicaciones logísticas que tendrá esta decisión.
