El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno nacional que eliminaba la prima de servicios para los congresistas que se posesionarán a partir del 20 de julio. La medida hacía parte de la estrategia de austeridad impulsada por el Ejecutivo y buscaba generar un ahorro estimado de $62.000 millones durante el próximo periodo legislativo.
La decisión fue adoptada por un conjuez, luego de que los magistrados de la sección correspondiente se declararan impedidos para estudiar el caso por un posible conflicto de interés. Según el auto, la aplicación del decreto podría generar diferencias salariales entre congresistas que desempeñan las mismas funciones, dependiendo únicamente de la fecha en la que asumieran sus cargos.
Además, el fallo advierte que la reducción en la remuneración de los legisladores también tendría efectos sobre los salarios de otros altos funcionarios del Estado, cuyos ingresos están vinculados a la escala salarial del Congreso, como integrantes de la Rama Judicial, la Procuraduría y la Fiscalía.
Con esta decisión, la aplicación del decreto queda suspendida mientras avanza el estudio de fondo sobre su legalidad. Esto significa que, por ahora, los nuevos congresistas continuarán recibiendo la prima de servicios en las mismas condiciones vigentes hasta la fecha.
