El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió tras recibir disparos durante un operativo del ICE en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, Estados Unidos. Según la versión entregada por las autoridades migratorias estadounidenses, el agente implicado afirmó que abrió fuego luego de que Durán presuntamente intentara agredirlo físicamente, señalando que “el tipo intentó pegarme”.
Sin embargo, el caso ha generado serias dudas debido a que posteriormente se conoció que el joven colombiano no era el objetivo principal del operativo migratorio. Durán residía en Estados Unidos, contaba con permiso de trabajo y número de seguridad social, y era descrito por sus familiares como un hombre dedicado a sostener económicamente a su esposa e hija.
De acuerdo con reportes de prensa y testimonios recopilados tras el hecho, el colombiano habría alcanzado a pronunciar las palabras “Intenté detenerme” antes de fallecer, una declaración que contradice parcialmente la narrativa de una amenaza inminente contra los agentes federales.
La polémica aumentó luego de que medios estadounidenses revelaran que el agente involucrado, identificado como David Brouillette, tendría antecedentes de violencia doméstica y problemas de salud mental. La información reavivó el debate sobre los procesos de contratación y supervisión dentro del ICE, especialmente en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.
El presidente colombiano Gustavo Petro calificó la muerte de Durán como un “asesinato” y solicitó explicaciones al Gobierno estadounidense. Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington pidió una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el operativo y determinar posibles responsabilidades.
El caso de Johan Sebastián Durán se suma a otros incidentes recientes relacionados con el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios en Estados Unidos, generando cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno del ICE y la rendición de cuentas cuando se producen muertes durante procedimientos de inmigración.