El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminaba una prima salarial de los congresistas, medida con la que se buscaba disminuir la remuneración de los integrantes del Legislativo. La decisión fue adoptada mientras avanza el estudio de una demanda que solicita la nulidad de la norma.
La medida cautelar responde a los cuestionamientos sobre la legalidad del decreto y a la posible afectación de derechos adquiridos no solo de los congresistas, sino también de otros funcionarios judiciales cuyos salarios están ligados a la remuneración de los parlamentarios. Debido a este vínculo, los magistrados del Consejo de Estado se declararon impedidos para conocer el caso, por lo que el proceso quedó en manos de una sala de conjueces.
El decreto, expedido a comienzos de este año, suprimía la prima especial de servicios que reciben los congresistas y que representaba una parte importante de su salario. La disposición estaba prevista para entrar en vigencia el próximo 20 de julio, coincidiendo con la instalación del nuevo Congreso.
Con la suspensión provisional, el recorte salarial queda en pausa hasta que el alto tribunal adopte una decisión definitiva sobre la constitucionalidad y legalidad del decreto. El proceso podría extenderse durante varios meses, mientras se resuelven las demandas presentadas contra la medida.
La determinación representa un revés para una de las iniciativas de austeridad impulsadas por el Gobierno Nacional, que defendía la eliminación de ese beneficio económico como parte de su política para reducir privilegios en el Estado.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminaba una prima salarial de los congresistas, medida con la que se buscaba disminuir la remuneración de los integrantes del Legislativo. La decisión fue adoptada mientras avanza el estudio de una demanda que solicita la nulidad de la norma.
La medida cautelar responde a los cuestionamientos sobre la legalidad del decreto y a la posible afectación de derechos adquiridos no solo de los congresistas, sino también de otros funcionarios judiciales cuyos salarios están ligados a la remuneración de los parlamentarios. Debido a este vínculo, los magistrados del Consejo de Estado se declararon impedidos para conocer el caso, por lo que el proceso quedó en manos de una sala de conjueces.
El decreto, expedido a comienzos de este año, suprimía la prima especial de servicios que reciben los congresistas y que representaba una parte importante de su salario. La disposición estaba prevista para entrar en vigencia el próximo 20 de julio, coincidiendo con la instalación del nuevo Congreso.
Con la suspensión provisional, el recorte salarial queda en pausa hasta que el alto tribunal adopte una decisión definitiva sobre la constitucionalidad y legalidad del decreto. El proceso podría extenderse durante varios meses, mientras se resuelven las demandas presentadas contra la medida.
La determinación representa un revés para una de las iniciativas de austeridad impulsadas por el Gobierno Nacional, que defendía la eliminación de ese beneficio económico como parte de su política para reducir privilegios en el Estado.
