La persistencia de la violencia contra los líderes y lideresas sociales sigue siendo una de las heridas más profundas de Colombia. A pesar de los múltiples compromisos asumidos por el Estado, los llamados de la comunidad internacional y los esfuerzos de diferentes organizaciones sociales, las cifras continúan reflejando una realidad dolorosa que golpea especialmente a las regiones donde el liderazgo comunitario representa la única voz de defensa de los derechos colectivos.
La más reciente alerta emitida por la Defensoría del Pueblo e Indepaz vuelve a poner sobre la mesa un panorama que no admite indiferencia. En lo corrido de 2026, ya son 88 los líderes sociales asesinados en diferentes zonas del país, una cifra que genera enorme preocupación y que demuestra que ejercer el liderazgo comunitario sigue siendo una actividad de alto riesgo. Detrás de cada número existe una historia de servicio, de compromiso con las comunidades, de defensa del territorio, de protección del medio ambiente, de promoción de los derechos humanos y de búsqueda permanente de mejores condiciones de vida para miles de colombianos.
Las estadísticas muestran además que la violencia continúa concentrándose en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado y la presencia de organizaciones ilegales. Cauca encabeza la lista de asesinatos de líderes sociales durante este año, seguido por Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Magdalena y, lamentablemente, el departamento de Nariño, que ocupa el séptimo lugar en este preocupante registro.
La situación de Nariño merece una reflexión especial. Se trata de un departamento que durante décadas ha soportado los efectos del narcotráfico, la minería ilegal, las economías ilícitas y la presencia de diversos grupos armados que disputan el control territorial. En medio de ese complejo escenario, los líderes sociales cumplen una función indispensable al convertirse en mediadores, gestores comunitarios y promotores de la convivencia. Sin embargo, precisamente esa labor los convierte en objetivos de quienes pretenden imponer el miedo y el silencio.
El panorama resulta aún más inquietante cuando se analizan las cifras relacionadas con las masacres ocurridas durante el presente año. Antioquia ocupa el primer lugar, seguido por Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. Estos indicadores reflejan que la violencia continúa golpeando con fuerza a las regiones periféricas del país, donde las comunidades siguen esperando una presencia institucional más sólida y permanente.
No se trata únicamente de incrementar el número de uniformados o fortalecer las operaciones militares. La verdadera protección de los líderes sociales exige una estrategia integral que combine inteligencia, prevención, inversión social, fortalecimiento institucional y una acción coordinada entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales. También requiere investigaciones oportunas que permitan identificar y judicializar tanto a los autores materiales como a los determinadores de estos crímenes.
Cada líder asesinado representa una pérdida irreparable para su comunidad. Son hombres y mujeres que dedican gran parte de su vida a gestionar proyectos, defender los derechos de los campesinos, las comunidades indígenas, afrodescendientes, las víctimas del conflicto, las mujeres, los jóvenes y los sectores más vulnerables. Su desaparición deja vacíos que difícilmente pueden ser reemplazados y genera temor entre quienes desean continuar ese trabajo comunitario.
Por ello, el próximo gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendrá el enorme desafío de convertir la protección de los líderes y lideresas sociales en una verdadera política de Estado. No basta con emitir comunicados de rechazo cada vez que ocurre un asesinato. Es indispensable fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar respuestas rápidas frente a las amenazas, mejorar los esquemas de protección y coordinar acciones efectivas con la Fiscalía, la Fuerza Pública y las autoridades territoriales.
Colombia necesita que quienes trabajan por sus comunidades puedan desarrollar su labor sin temor a perder la vida. La democracia solo se fortalece cuando quienes representan a sus pueblos cuentan con las garantías necesarias para ejercer libremente su liderazgo. La mejor manera de honrar la memoria de los 88 líderes sociales asesinados este año será impedir que esta dolorosa lista continúe creciendo. Esa debe ser una prioridad inaplazable para el nuevo gobierno y para toda la sociedad colombiana.