Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, exguerrillero imputado/foto: archivo particular.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó en agosto de 2026 a 27 antiguos comandantes de las extintas FARC, dentro de una investigación que busca establecer su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado colombiano.
De acuerdo con el organismo de justicia transicional, los hechos analizados corresponden a estructuras guerrilleras y ocurrieron en 15 departamentos. El expediente contempla conductas como desapariciones forzadas, masacres, atentados, desplazamientos forzados, torturas y otros hechos considerados graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Dentro de los territorios relacionados aparece Boyacá, específicamente por un ataque ocurrido en el municipio de Chita el 10 de septiembre de 2003. Ese día, integrantes del frente 45 de las FARC utilizaron un caballo cargado con explosivos y lo llevaron hasta una zona del municipio. La detonación provocó la muerte de ocho civiles, dejó varias personas heridas y generó daños en viviendas.
El episodio de Chita permanece dentro del conjunto de hechos que la JEP atribuye a antiguos integrantes de la organización armada, en una actuación que pretende establecer cómo funcionaron las estructuras de mando, qué decisiones fueron adoptadas y cuál habría sido el grado de participación de los responsables.
La investigación reúne acontecimientos de impacto nacional. Entre ellos figuran el asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1995; el atentado contra el Club El Nogal, en Bogotá, registrado en 2003, y la toma guerrillera de Mitú, Vaupés, perpetrada en 1998. Entre los antiguos comandantes imputados están Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’; Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Marra, identificado como ‘Mauricio Jaramillo’ y ‘El Médico’, y Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’.
Los demás señalados habrían ocupado posiciones de mando sobre estructuras vinculadas a los Bloques Oriental y Sur, con presencia en zonas del país. La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de hechos ocurridos durante el conflicto y pone en el centro los relatos de comunidades afectadas. Ahora, las actuaciones deberán avanzar conforme al procedimiento establecido por la JEP para determinar responsabilidades individuales y las consecuencias jurídicas respectivas.