El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció una reforma integral al Código Nacional de Tránsito, con la que pretende modificar varias de las normas, tarifas y procedimientos que actualmente deben cumplir los conductores en Colombia.

La iniciativa fue anunciada por el mandatario y posteriormente confirmada por el Ministerio de Transporte, que ya comenzó a trabajar en el borrador del nuevo Código. Según la ministra Elsa Noguera, el propósito es actualizar una normativa que lleva más de dos décadas en vigencia y eliminar trámites, cobros y procedimientos que el Gobierno considera innecesarios o excesivos.

La propuesta todavía se encuentra en etapa de elaboración, por lo que las medidas anunciadas no significan que los conductores puedan dejar de cumplir las normas actuales. El proyecto deberá avanzar en el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una nueva regulación.

Rebaja en el valor de las multas

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con las sanciones económicas por infracciones de tránsito.

El presidente anunció que propondrá reducir hasta en un 50 % el valor de algunas multas, bajo el argumento de que las sanciones deben ser proporcionales y no representar una carga económica desmedida para los hogares.

La intención del Gobierno es revisar el esquema actual para buscar un sistema que mantenga el carácter sancionatorio de las infracciones, pero que tenga en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos.

Cambios en los cursos para obtener descuentos

Otro de los puntos que entraría en la reforma tiene que ver con los cursos que realizan los conductores para acceder a descuentos en determinadas multas.

El Gobierno plantea disminuir en un 25 % el costo asociado a estos cursos y permitir que las autoridades de tránsito puedan impartirlos directamente. También se pretende eliminar el requisito conocido como “casa cárcel” para la habilitación de los Centros Integrales de Atención.

La propuesta busca aumentar la oferta y reducir los costos que actualmente deben asumir los ciudadanos para acceder a este mecanismo.

Revisión de las fotomultas

Las cámaras utilizadas para detectar infracciones también estarán bajo revisión.

El Ejecutivo anunció que pretende establecer controles más estrictos para la autorización y funcionamiento de los sistemas de fotodetección. Además, se buscarían parámetros más claros para la calibración de los equipos, con el objetivo de reducir el riesgo de que se generen sanciones por mediciones incorrectas.

La intención expresada por el Gobierno es que estos mecanismos estén enfocados principalmente en la seguridad vial y no en el recaudo de recursos.

Menores costos y mayor vigencia para las licencias

Las licencias de conducción también aparecen entre los trámites que serían modificados.

El Gobierno plantea revisar las tarifas actuales, eliminar cobros considerados innecesarios y ampliar la vigencia de las licencias. Entre las posibilidades anunciadas está que algunos documentos puedan tener una duración de ocho o incluso diez años.

De concretarse, el cambio representaría una reducción en la frecuencia con la que determinados conductores deben renovar su licencia y, por consiguiente, en los gastos relacionados con ese trámite.

Revisión de los cobros del RUNT y el SIMIT

El proyecto también contempla una revisión de los sistemas de información relacionados con el tránsito.

El Ejecutivo anunció una evaluación integral del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Uno de los objetivos será detectar posibles cobros duplicados y estudiar una reducción significativa de las tarifas que pagan los ciudadanos por los servicios asociados a estos sistemas.

Cambios en la revisión técnico-mecánica

La revisión técnico-mecánica es otro de los procedimientos que podrían experimentar modificaciones.

El Gobierno pretende analizar tanto el costo como la periodicidad de este trámite. Dentro de la discusión también se encuentra la modificación que redujo de seis a cinco años el periodo inicial para que determinados vehículos nuevos deban someterse a esta revisión.

Por ahora, se trata de una propuesta que deberá ser evaluada dentro de la construcción del nuevo Código.

Un código que busca reducir trámites y costos

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la reforma no se limitará a modificar multas. El objetivo anunciado es revisar de manera amplia las normas que regulan los procedimientos de tránsito y transporte para simplificarlos y reducir los costos que recaen sobre los ciudadanos.

La ministra Elsa Noguera señaló que el borrador será presentado y discutido con diferentes sectores del transporte y con la ciudadanía antes de que se presente una versión definitiva ante el Congreso.

En ese sentido, el nuevo Código Nacional de Tránsito todavía no es una realidad jurídica. Las propuestas anunciadas por el Gobierno deberán ser desarrolladas técnicamente, discutidas con los sectores involucrados y, cuando corresponda, surtir el trámite legislativo necesario.

De avanzar la iniciativa, los principales cambios para los conductores estarían relacionados con multas, fotomultas, cursos de tránsito, licencias de conducción, cobros del RUNT y SIMIT y revisión técnico-mecánica.

El Gobierno sostiene que la reforma busca reducir la burocracia y los sobrecostos, mientras mantiene como uno de sus objetivos centrales la seguridad vial.