La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron funciones de supervisión, y Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio interventor, por presuntas irregularidades en la construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, en Suaita, Santander.
La actuación disciplinaria se originó por posibles deficiencias en las labores de seguimiento a la ejecución del contrato suscrito en el 2022 y busca establecer si los investigados cumplieron las obligaciones de control y vigilancia asignadas para garantizar el desarrollo del proyecto por valor superior a $ 15 mil millones.
Al parecer la obra se habría iniciado y ejecutado sin contar con la licencia de construcción ni con los permisos de aprovechamiento forestal y de movimiento de tierras. El ente de control también investiga posibles incumplimientos en las obligaciones de supervisión e interventoría.
En esta etapa procesal, la Procuraduría calificó la posible conducta de los supervisores como grave a título de culpa grave y la del interventor como falta gravísima con culpa gravísima, al considerar que las omisiones investigadas pudieron afectar la adecuada ejecución de un proyecto destinado a garantizar la infraestructura educativa para los niños, niñas y adolescentes de Suaita.