La decisión judicial establece que las Fuerzas Militares deberán evaluar alternativas para proteger a niños, niñas y adolescentes antes de realizar ataques aéreos en lugares donde se conozca su posible presencia.
Una jueza de Bogotá ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra objetivos de grupos armados ilegales cuando las autoridades tengan información que advierta sobre la posible presencia de menores de edad reclutados o utilizados por esas organizaciones.
La medida fue adoptada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá después de admitir una acción de tutela presentada en defensa de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en zonas donde pueden desarrollarse operaciones militares.
La orden está dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. Mientras se adopta una decisión definitiva sobre la tutela, las autoridades deberán abstenerse de ejecutar ataques aéreos en los lugares donde exista información sobre la presencia de menores y analizar previamente otras opciones que representen un menor riesgo para ellos.
La decisión judicial se produce después de que, durante las primeras semanas del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se realizaran tres operaciones de bombardeo. Una de ellas ocurrió el 10 de agosto en el Catatumbo contra estructuras del ELN, mientras que las otras dos se llevaron a cabo en el Guaviare, el 27 y el 30 de agosto, contra grupos disidentes.
De acuerdo con las autoridades, al menos cuatro menores murieron durante los dos primeros operativos. El hecho generó cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por la Fuerza Pública cuando entre los integrantes de los grupos armados se encuentran adolescentes.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, ha defendido las operaciones y ha sostenido que los ataques cumplieron con los requisitos legales establecidos para este tipo de acciones. Según su argumento, los menores fallecidos participaban en actividades que las Fuerzas Militares consideran parte de una “función continua de combate”.
La problemática no es nueva en Colombia. Las muertes de menores durante operaciones militares han provocado fuertes controversias en distintos gobiernos. Según cifras citadas por la decisión judicial, durante el Gobierno de Iván Duque murieron 42 niños, niñas y adolescentes en operaciones militares, mientras que durante la administración de Gustavo Petro la cifra llegó a 62.
En su decisión, la jueza recordó que las autoridades deben aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad contemplados por el Derecho Internacional Humanitario, además de las obligaciones especiales que existen para proteger a la población menor de edad en medio del conflicto armado.
La medida, sin embargo, no significa que todos los bombardeos en Colombia hayan quedado suspendidos. La orden se limita a aquellas operaciones en las que exista información sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados ilegales.
El proceso continuará ahora mientras el juzgado estudia de fondo la tutela y determina si la protección solicitada para los menores debe mantenerse de manera definitiva.
