La investigación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, sumó un nuevo elemento durante la audiencia en la que la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento. La fiscal del caso aseguró que se habrían presentado accesos y descargas de información relacionada con el proceso por parte de personas que no estaban vinculadas directamente con la investigación.
De acuerdo con lo expuesto ante el juez 27 Penal de Medellín, una funcionaria de la Fiscalía que no estaba asignada al caso habría ingresado al expediente y descargado archivos digitales cuando parte de la información todavía tenía carácter reservado. El acceso se habría producido el 16 de julio, varios días antes de la primera audiencia de imputación.
La fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública solicitó que este hecho sea investigado, pues considera que podría ser un indicio de que personas ajenas al proceso estaban intentando conocer información sobre las actuaciones que adelantaba el ente acusador.
Durante la diligencia también se mencionaron consultas realizadas en el sistema de la Fiscalía sobre la noticia criminal y diferentes descargas de documentos. La funcionaria relacionó estos hechos con otros episodios que, según su exposición, podrían representar un riesgo de obstrucción de la justicia.
Otro de los elementos presentados durante la audiencia fue el acercamiento del abogado defensor de Miguel Quintero al despacho de la fiscal. Según la funcionaria, entre el 26 y el 27 de agosto el abogado habría preguntado si efectivamente se estaban desarrollando determinadas actuaciones dentro de la investigación.
La Fiscalía sostiene que estos episodios deben analizarse junto con los testimonios y demás elementos que hacen parte del proceso. La hipótesis expuesta en audiencia apunta a que algunas personas habrían intentado obtener información reservada sobre el avance de la investigación o influir sobre testigos.
El proceso está relacionado con presuntas irregularidades alrededor de seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor cercano a $17.656 millones. La Fiscalía sostiene que habría existido una presunta coima de $2.481 millones.
Miguel Quintero fue imputado por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado, pero no aceptó los cargos. La Fiscalía busca que sea cobijado con una medida de aseguramiento mientras continúa el proceso.
La audiencia en la que se define la solicitud de privación de la libertad fue suspendida y continuará el próximo lunes 21 de septiembre. Será entonces cuando avance la discusión sobre los argumentos presentados por la Fiscalía y las posiciones de la defensa.
Por ahora, los señalamientos sobre los supuestos accesos irregulares a información judicial hacen parte de los argumentos presentados por la Fiscalía y deberán ser esclarecidos dentro de las