La Unidad Nacional de Protección (UNP) avanza en la revisión y reducción de los esquemas de seguridad asignados a exministros y antiguos altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.
El proceso, que comenzó a finales de agosto, contempla la evaluación de las medidas de protección de varios integrantes del denominado “Gabinete por la Vida”. Entre los exfuncionarios mencionados están Armando Benedetti, Antonio Sanguino, Guillermo Jaramillo, Germán Ávila y Rosa Villavicencio, además de otros antiguos integrantes del Gobierno.
Al frente de la entidad se encuentra Didier Blanco, quien asumió la dirección de la UNP en agosto con el objetivo de fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de la institución y revisar las medidas de protección vigentes.
Según la UNP, las decisiones responden a la evaluación de los niveles de riesgo de cada beneficiario. Las personas notificadas cuentan con un plazo establecido para presentar los recursos correspondientes frente a las decisiones adoptadas.
Gobierno defiende ajustes a los esquemas de seguridad
El ministro de Justicia, Rodrigo Lara, explicó que las medidas de protección para exfuncionarios del gobierno Petro no fueron eliminadas de manera general, sino ajustadas de acuerdo con las condiciones de riesgo actuales.
Según el funcionario, quienes continúen requiriendo protección mantendrán medidas básicas de seguridad. Sin embargo, cuestionó que algunos antiguos altos funcionarios conserven dispositivos similares a los que tenían mientras ejercían sus cargos.
Lara también señaló que la reducción de algunos esquemas permitiría liberar agentes para otras labores de seguridad ciudadana.
“Necesitamos a la policía en la calle combatiendo el crimen y no cuidando a gente ni haciéndole mercado a personas que ya no significan peligro o no tienen peligro para sus vidas”.
Daniel Briceño respalda reducción de esquemas
El representante a la Cámara Daniel Briceño respaldó la revisión de los esquemas de seguridad y sostuvo que los recursos de protección deben concentrarse en personas que enfrenten amenazas y riesgos debidamente verificados.
Briceño también cuestionó la reacción de algunos exfuncionarios frente a las decisiones de la UNP y mencionó, entre otros casos, el del exdirector de la entidad Carlos Carrillo.
Carrillo, por su parte, manifestó que la propia UNP reconoce la existencia de un riesgo extraordinario en su caso y cuestionó la decisión relacionada con su esquema de protección.
El debate se concentra ahora en cómo distribuir los recursos disponibles de la UNP entre exfuncionarios y otras personas que requieren medidas de seguridad, a partir de las evaluaciones individuales de riesgo.